blog | 2 mayo, 2001

A menor estado menor corrupción

ILE

¿Cuánto dinero tienen los políticos en sus manos una vez que llegan al poder en el Perú? En un año nada menos que 10,000 millones de dólares y en un período de gobierno 50,000 millones de dólares. Demasiado dinero en pocas manos.

Y me pregunto: ¿no habrá mayor tendencia a la corrupción a medida que más dinero administren los políticos y funcionarios públicos?

Ese dinero proviene de la concepción equivocada que el mejor gobierno es el que más gobierna. Es todo lo contrario, la mayor parte del tiempo la gente se autogobierna por que sabe lo que quiere.

Y, cuando los políticos ofrecen gobernar piensan dos cosas; primero, qué puedo hacer y, segundo, el más importante, con qué lo voy hacer. De allí nace la necesidad de tener dinero.

El candidato o presidente que ofrece hacer más cosas pide más dinero a sus votantes o ciudadanos, irremediablemente, por la fuerza, a través de los impuestos. El candidato que menos ofrece, menos dinero necesita y, por tanto, aplica menos impuestos.

Otro detalle importante, los 50,000 millones de dólares de un período de gobierno no es un cheque en blanco. El ciudadano que entrega obligadamente su dinero –a través de impuestos- lo hace a cambio de algo.

Y la corrupción nace cuando el administrador de ese dinero (el político o funcionario público) hace otra cosa, menos para lo que fue encargado. Por ejemplo, las corrupciones del dólar MUC, coimas del tren eléctrico, del BCCI, compras de armas, de jueces y congresistas, publicidad del estado, pago a periodistas, empresarios y dueños de canales, todo ese dinero, fue utilizado para otros propósitos menos para lo que habíamos autorizado.

Se estima que el monto de la corrupción de los gobiernos de Belaúnde, García y Fujimori podría haber alcanzado los 1,500 millones de dólares, es decir, 1.5 % del PBI.

Si ese dinero se hubiera empleado, al menos, para dotar de mayores  recursos en servicios esenciales como la justicia y seguridad, el resultado hubiera sido mayor número de policías y patrulleros con sus respectivas mejoras remunerativas, al igual que los jueces. No hay economía de mercado que se desarrolle sin justicia y seguridad.

Es lógico deducir, que menor será el monto de la corrupción a medida que menor sea el dinero que maneje el político o funcionario público.

Algunos sostienen que la solución estaría en elegir políticos o designar funcionarios honestos. Sin embargo, el problema no es de personas sino del sistema político que está diseñado de tal manera, que aún, designando o eligiendo a la persona más honesta, estará tentada a cometer actos de corrupción.

Una explicación es que todo gobierno tiene el poder para dispensar favores y beneficios a diferentes grupos. Cada ley, regulación, o programas de inversión pública pueden ser manipulados para favorecer a determinados intereses a cambio de votos y coimas.

Así, todos quieren llegar a influenciar al poder para obtener un beneficio a cambio, desde empresarios mercantilistas hasta congresistas.

En la teoría de la elección pública esto se llama búsqueda de rentas (rent seeking) y es previsible que en todo proceso político exista corrupción.

Lamentablemente este no puede desaparecer mientras exista la política como forma de gobierno.

¿Cuál sería la solución de fondo? No pedirle a los gobernantes y candidatos que hagan las cosas por nosotros, cuando nosotros podemos hacerlo.

Por ejemplo, si le pedimos salud, educación, carreteras, alimentación, nutrición, ellos te dirán: “De acuerdo. Pero eso no lo puedo hacer sin dinero, necesito tu plata para darte lo que pides”.

Y como ellos tienen mecanismos legales para auto protegerse, y encima, el dinero no es de su propiedad, tendrá todo el incentivo para cometer actos de corrupción.

Comencemos a creer en nosotros mismos y no en los políticos y gobernantes. Nosotros tenemos al mercado y la empresarialidad como formas para satisfacer nuestras necesidades y preferencias.

Es legítimo, por ahora, encargar a los gobernantes que administren los servicios de justicia y seguridad. Eso al final significará menos presupuesto público, menos corrupción, y por tanto, menos estado.

 

Por José Luis Tapia, Presidente Ejecutivo de ILE. 

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