blog | 30 junio, 2016

Compromisos ilegítimos

ILE

Para quienes tenemos bien en alto los valores de una sociedad libre, los compromisos asumidos por PPK con los grupos mercantilistas, no tienen ningún valor moral y es francamente antieconómico. Me refiero directamente a lo firmado con los sindicatos pesqueros, construcción civil, rondas campesinas, Cgtp, Sutep, Sutesal, confederaciones campesinas, Capeco y coordinadoras de víctimas de la violencia política.

En todos esos compromisos hay un patrón común: quieren nuestro dinero. Y claro está, tienen una creatividad bien alucinante para pedir una y otra cosa. Desde prohibir la construcción de embarcaciones pesqueras hasta darle viviendas productivas. Por ejemplo, los pesqueros quieren un seguro de pensiones y no conforme eso, quieren la prohibición de más sindicatos de armadores que quieren competir contra los pescadores artesanales. En las rondas campesinas pasa algo similar. Quieren su propio micro estado de derecho: justicia indígena descartando el sistema actual. Ah, y quieren becas internacionales para sus hijos y acceso gratuito a la salud estatal. ¿Algo más?

También tenemos al mercantilista sindicato de la CGTP. Siendo ellos más astutos que el resto, quiere nuestro dinero en grandes proporciones. Presionan para fortalecer el mercado monopólico de negociación colectiva con tal de elevar los sueldos y salarios por la fuerza. Además, quiere más empleo de lo que el mercado le puede dar de manera económica. No se queda atrás, Sutesal, el gremio más miedoso a la privatización de Sedapal. No quiere que ni siquiera una concesión privada se haga cargo de reducir los costos de la tarifa de agua. Estos dirigentes egoístas, quieren condenar a todo el Perú a proveerse de agua solo por horas al oponerse a la inversión privada de las EPS.

¿Y qué hay con los gremios de pequeños productores campesinos? No son tontitos. Saben más de negocios con el gobierno que cualquiera de nosotros. Le han sacado a PPK una tajada nada despreciable. Buscará cómo hacer los cambios necesarios en el MEF y Minagri, para financiar programas sociales dirigidos exclusivamente a ellos. Se construirán reservorios, riego tecnificado, baños ecológicos, fomentará tecnologías de la información y comunicaciones (con celulares de alta gama), y construirá viviendas productivas.

Por otro lado, nuestros buenos altruistas de la Sutep van en defensa de la escuela pública gratuita, que a estas alturas nadie le cree a este gremio. Todo cuesta; hasta ponerse un par de zapatillas para hacer educación física. Sutep quiere cerrar la brecha de inversión en infraestructura para arruinar a la escuela privada. No conforme a su afán destruccionista quiere elevar el gasto del público al 6% del PBI para financiar a alumnos de escasos recursos, en otras palabras, a la clase media. Como es lógico los realmente pobres nunca podrán estudiar sino trabajar. Y como postre, quieren incrementar los sueldos con una base mínima de S/2,000 mensual. Bueno para que no digan que todo es dinero, pero en el fondo si lo es, la Sutep quiere capacitaciones, evaluaciones blandas en clases, y cumplimiento obligatorio de todo mandato judicial en materia de salarios (pero nada dicen de meter a la cárcel a profesores violadores). Y algo importante: respeto a la institucionalidad monopólica de la Sutep para la negociación colectiva. Ya sabemos en qué acaba esto.

Para cerrar con esta expoliación masiva de nuestro dinero, la coordinadora de víctimas de la violencia política, quiere su pago de reparaciones económicas actualizadas actuarialmente con tasas de interés de mercado para individuos y colectivos. Además solicitan servicios de educación y salud, pero les faltó pedir becas internacionales de estudios. Por supuesto, como buenos izquierdistas no se olvidan de su lugar de la Memoria en Ayacucho porque son descentralistas. Y el compromiso más injurioso es que el gobierno se someterá a las sentencias de lo que diga la Ong Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Como se ha podido advertir, todo este peticionario inmoral de nuestro dinero es anti económico por donde se lo mire. Los grupos de presión han visto la debilidad institucional de la democracia encarnado en el Ejecutivo.

El gobierno de PPK no es un contrapeso de la defensa de nuestros derechos individuales a la vida, libertad y propiedad privada. Claro está, para contrarrestar esta ola de derroche hay que buscar estrategias de desconocimiento de estos compromisos porque son lesivos a nuestros derechos humanos. Además, un nuevo gobierno tiene todo la capacidad política para postergar estos inhumanos compromisos que obligan a gente productiva a seguir trabajando para caprichos monetarios de otros.

Nada está dicho, pero la derecha mercantilista debe tener el coraje de  no ceder ante estos grupos de presión. Hay formas creativas de patear el problema para más adelante y dejarle estas bombas de tiempo para un futuro gobierno del Frente Amplio.

Por José Luis Tapia, economista, director de ILE y profesor universitario.

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