blog | 21 noviembre, 2017

Dile “No” a la publicidad estatal

ILE

Los defensores de la publicidad estatal parten de dos premisas erróneas que originan esa sesgada opinión que favorecen el despilfarro estatal y la compra de las líneas editoriales de los medios de comunicación. Hasta ahora todos elevan injustificadamente el rol informativo del estado.

Prácticamente, mezclan hasta lo absurdo; libertad de expresión con derecho a la información y a su vez con libertad de empresa. Ningún reclamo por más que esté jurídicamente sustentado puede pasar por alto estas dos premisas erradas para el sentido común de la gente. Son ellos quienes en última instancia tienen el derecho a deslegitimar los “brillantes” argumentos del Defensor del Pueblo y del constitucionalista Enrique Bernales.

Primera premisa errada: “El estado informa lo que le interesa a la gente”. Esta afirmación es arrogante. Nadie, absolutamente nadie, conoce lo que el otro quiere. El gobernante y las autoridades tendrían que ser seres divinos como para poseer esa capacidad omnisciente con el fin de conocer lo que cada uno quiere.

Ya decía el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek el conocimiento relevante se haya disperso en el mercado y encima es subjetiva por lo que es difícilmente articulable para las pretensiones del gobierno.

Segundo premisa: “Los políticos son neutrales a la hora de elegir la información que van a comunicar al público”. Hay tres verdades de la Escuela de Public Choice de Buchanan y Tullock que describen el comportamiento del político: a) buscarán todos los medios para reelegirse, b) siempre indagarán tener mayor presupuesto; y c) persistentemente estarán interesados en sí mismos.

De modo, que ese derecho a la información que tanto reclaman es en realidad propaganda política. Lo que en verdad busca el político es gastar ese dinero a como dé lugar ya sea para reelegirse, lograr aumentar su presupuesto con más impuestos o endeudamiento y saciar su vanidad en nombre del bienestar del pueblo. Estas son las tres verdades que señala la prestigiosa escuela económica de Virginia.

He pretendido dejar en claro que la publicidad estatal tiene una intencionalidad política. No informa, sino que persuade de las bondades que quiere imponer en la opinión pública un gobierno y sus autoridades.

Que los expertos en estos temas afirmen que el público “debe” estar informado revela la vena autoritaria que subyace en sus opiniones. Deber es obedecer, y eso es precisamente el primer paso a la esclavitud informativa, que todos los liberales rechazamos.

Por Jose Luis Tapia, Director de ILE, economista y profesor universitario.

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