blog | 8 enero, 2015

El Derecho a la Libertad de Empresa se lesiona con el actual Régimen Laboral

ILE

Las sentencias del Tribunal Constitucional 0008-2003-AI/TC, 018-2003-AI/TC, 3330-2004-AA/TC, 2802-2005-PA/TC, 00239-2010-PA/TC, los artículos 23 al 29 de la Constitución de 1993, los artículos 23 y 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y las normas del régimen laboral peruano[1] revelan una profunda ignorancia de los legisladores en el funcionamiento del mercado factorial laboral. Sus sentencias añaden jurisprudencia y confusión que confronta innecesariamente al trabajador con el empresario y son contradictorias entre sí.

Por un lado, el Tribunal  Constitucional señala equivocadamente que la libre empresa se “incardina” en el derecho a la libertad de trabajo (STC-3330-2004-AA/TC, Fundamento 11) y por el otro lado, que la libertad de trabajar es accesorio de la libertad de empresa (STC-2802-2005-PA/TC, fundamento 3). Y como no comprenden el libre mercado, sostienen que la oferta y demanda es desequilibrada, por eso resuelven a favor de darle mayor protección a la actividad laboral que a la libre empresa.

En la ciencia praxeológica el empresario es demandante de trabajo. Y el trabajador es el ofertante. Si no hay compra no puede haber venta. O de otro modo, no puede existir trabajo si la empresa no lo crea con su demanda. Así que tener derecho laboral ex ante sobre algo que no se ha producido no tiene sentido en la realidad económica. La  existencia del trabajo es gracias al empresario no al revés. Si los legisladores no entienden este punto deberían aclarar sus dudas con unos buenos libros de la Escuela Austriaca de Economía. Y cuando se dice que en un libre mercado hay equilibrio entre trabajadores y empresarios, es porque hay libertad de comprar y vender mercancías de servicios laborales. No se le puede obligar al empresario a comprar algo condicionado y limitado. Sería ilegítimo e inmoral proceder con normas de este tipo, como que es inadmisible que a alguien se le obligue, condicione y limite la compra de agua.

No es casualidad que los últimos conflictos laborales del nuevo régimen laboral juvenil, del despido de los Inspectores Municipales, de la implementación limitada de la Ley Servir, y de la huelga de los Inspectores laborales, provengan de un marco legal que no está funcionando para mantener un mercado armónico y dinámico.

Por ejemplo, se observa que el Ministerio de Trabajo  (Mintra) ha multado a 11,455 empresas entre 1997 y agosto 2014[2]. Asimismo, se ha registrado 366 huelgas entre el 14 de enero 2010 y  29 noviembre de 2014[3]. Por su parte, la Sunafil ha realizado 3,985 inspecciones a las empresas entre abril y octubre del 2014[4]. Y los conflictos se mediatizan hasta registrarse 33,045 noticias relacionadas con “trabajo” entre el 2004 y 2014[5].

Considero que las leyes son resultados de ideas, creencias, filosofías, doctrinas e ideologías que impregnan el marco legal. No hay que dejar de mencionar la incidencia negativa que viene teniendo la filosofía marxista laboral de la OIT a través de uno de sus Principios Fundamentales de la Declaración de Filadelfia de Mayo de 1944 que no considera al trabajo como una mercancía[6].

También hay que advertir que el Informe de la Comisión de Expertos encargada de Revisar y Actualizar el Proyecto de Ley General del Trabajo de diciembre 2011 consolidó 389 artículos, donde el artículo 38 otorga 11 derechos a los trabajadores; 3 de ellos vinculados con rango de derechos constitucionales y el artículo 48 otorga 9 derechos a los empleadores, ninguno de  rango constitucional.

El tratamiento legal que se le está dando carece de todo contenido sustancial derivado de la economía. En el mercado laboral se transa servicios que tienen valor expresado en precios para los trabajadores y empresarios, como cualquier mercancía. Si eso es lo que no quieren legislar a pesar de la dura realidad, me temo que los legisladores deben ir en ayuda psicoterapéutica para superar esa neurosis.

Con el actual marco constitucional y legal se puede apreciar una evidente desprotección empresarial e  innecesarios conflictos laborales. La libre empresa merece la misma tutela constitucional que la actividad laboral. Como señalan los juristas españoles Paz-Ares y Aguila-Real que todo derecho constitucional se deriva un mandato de protección para todos los poderes públicos[7].

De modo que sugiero que a la libre empresa debe darse el relieve necesario para que sea considerado como un derecho fundamental de la persona. En tal sentido, en el artículo 2 de la Constitución de 1993, debería decir lo siguiente: “Toda persona tiene derecho: (…) a la libertad de empresa, y a realizar aquellas acciones necesarias para su consecución.”.

Así acabaremos con las lesiones deliberadas que permanentemente el actual régimen laboral viene ocasionando al derecho a la libre empresa y cuyas millones de víctimas son los estoicos empresarios de la micro y pequeña empresa.©


[1] Los Decretos Legislativos 650, 3777, 688, 689, 650, 713, 728, 677, 892, 1038, Decreto Ley 14222  y las Leyes 28873,26644, 26772, 27240, 27321,27626, 27735, 27321, 28518,9460, y 28048.

[2] Portal del Ministerio de Trabajo se encuentra el reporte titulado “Relación de empresas con multas – Actualizado al 31/08/2014” consultado el 5/1/2015: http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/multas/2014/MULTAS_agosto_2014.pdf

[3]  Sistema de Control de Huelgas del Portal del Mintra: http://www.mintra.gob.pe/REGISTROHUELGA/SolucionHuelgas.php?__page=1&tipoPagina=Registohuelga

[4] Portal de Sunafil en http://www.sunafil.gob.pe/portal/observatorio/proceso-inspectivo/detalle-de-las-inspecciones-de-trabajo

[5] Diario Peru21 consultado el 6/1/2015 en http://peru21.buscamas.pe/

[6] Portal de la OIT el Anexo “Declaracion relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#declaration

[7] Paz-Ares, Cándido y Aguila-Real, Jesús (2003). Un ensayo sobre la libertad de empresa, en  Estudios Jurídicos en Homenaje a Luis Diez-Picazo, Tomo IV, pps.5971-6040, Thomson-Civitas, Madrid.

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