blog | 21 octubre, 2001

En defensa de la empresa privada

ILE

Si damos una atenta mirada al panorama empresarial de las últimas semanas, notaremos que algo raro está sucediendo.

Nos referimos al cálculo de algunos políticos del Congreso y Poder Ejecutivo, para liderar una corriente de opinión en contra de la actividad empresarial privada.

¿No será acaso que su vocación altruista les produce un resentimiento en contra del éxito de algunas empresas nacionales y extranjeras?

Desde hace un tiempo, el tema de la defensa del consumidor ha sido la caja de resonancia de algunos políticos que propugnan soluciones de corte estatista, asustando a más de un gremio empresarial.

Las iniciativas para: subsidiar las tarifas telefónicas, introducir cambios en las leyes laborales, bajar las tasas de interés, desaparecer las EPS’s y las supervisoras de importaciones, revisar los contratos de privatización, interferir en el arbitraje, introducir el seguro de desempleo, condonar deudas a los morosos, son la mejor manera de ahuyentar la inversión privada, en nombre de la defensa del consumidor.

En una economía de mercado, libre de las interferencias del Estado, los consumidores son los que tienen realmente el poder de decidir qué empresas se quedan en el mercado.

Si no cumplen con satisfacer la demanda de los consumidores, estos pueden hacer quebrar a las empresas, con solamente no comprarles, como lo hacen exitosamente las asociaciones de consumidores en otros países.

En la hipótesis que las organizaciones locales no tengan éxito en sus campañas, por ejemplo, para realizar una huelga de celulares, no debe ser motivo para iniciar un lobby legislativo que recorte la libertad de los empresarios.

Más bien, deben preguntarse por que tienen un problema de liderazgo en las convocatorias que realizan.

En cambio, cuando el Estado interfiere en la economía perjudica a los consumidores por las barreras institucionales que introduce a fin de evitar la entrada de nuevas ideas y proyectos empresariales, y también impide la expulsión del mercado que hacen los consumidores con las empresas ineficientes.

Como todos sabemos, el gobierno tiene la capacidad de prohibir: el pago de sueldos por debajo del mínimo, el despido de trabajadores sin indemnización, trabajadores sin AFP´s y una jornada laboral por encima de 8 horas.

También puede aumentar los costos debido a: los impuestos a los créditos, el selectivo al consumo, las ventas y las utilidades, el seguro de desempleo, los aranceles a las importaciones, las tasas municipales, trámites burocráticos en ministerios, entre otros.

Asimismo, puede quebrar a las empresas compitiendo deslealmente a través de colegios, universidades, periódicos, televisión y hasta líneas aéreas, por citar algunos ejemplos.

¿Con qué autoridad moral puede el gobierno exigir a los empresarios ser competitivos si el mismo gobierno impone costos artificiales por su frondosa burocracia y normas promulgadas?

Antes de exigir a los demás, debe primero revisar su tamaño, luego remover regulaciones y restricciones, y finalmente, proceder a achicarse.

Cuando llegue ese día –y lo espero fervientemente- el Estado deberá estar bien pequeño con dos funciones esenciales–justicia y seguridad-, entonces podrá exigir a los empresarios que hagan su parte.

Los resultados económicos y sociales estarán a la vista: empresarios más libres y competitivos, la riqueza y el empleo habrán aumentado, la pobreza extrema habrá desaparecido, los impuestos no serán ya una molestia, y los consumidores notarán que los bienes y servicios habrán mejorado de calidad, con precios asequibles para todo público.

Esperemos que la actual situación cambie para no poner en peligro las inversiones ya realizadas, y disfrutemos todos de los beneficios económicos que produce la empresa privada.©

Por José Luis Tapia, Director de ILE. www.josetapia.pe

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