blog | 17 octubre, 2017

Extorsión Constitucional

ILE

No podemos negar que el Perú es un coleccionario de agrupaciones dizque políticas, que creen tener opción al cargo público que se les ocurra. Hay de todo, desde desubicados que se creen el mesías, hasta “refundadores” del país, la coincidencia es que todos se creen con ese derecho. A eso le llaman crisis de la partidocracia, un burdo invento que solo los desubicados lo creen.

La historia política del Perú no es un relato de partidos exitosos, es el retrato de, caudillos, oportunistas y ladrones. Si fuera partidocracia, nuestra arquitectura política sería similar a la de Colombia ó Chile, donde el recuerdo es de instituciones y personalidades y no el de pelagatos que se pretendieron Dios. Acá basta la fama, para que el humo del poder encandile a cualquier trepador, Toledo que estafó al país como falso gurú económico y Humala con su show militarista el año 2000, son una prueba irrefutable.

Nuestras leyes electorales, han sido endebles al tiempo de ordenar la elección de autoridades, no tienen filtros para alejar forajidos y han permitido la aparición de un sin fin de ellos, sin más virtud que tener dinero sucio con el que alquilan grupos de mafiosos y luego rapiñan el aparato público a placer, especialmente en provincias.

¿Es necesaria una reforma electoral para evitar esos escenarios? Sí, es indiscutible, se debe filtrar idóneamente al aspirante, evitar que los aventureros no se asomen y que se abarque en su totalidad a todos los grupos que pretenden convertirse en partidos o siéndolo ya, renueven sus estructuras. Sería ideal vislumbrar con eso algo de institucionalidad y darle sentido a nuestra endeble democracia, evitando que los oportunistas sigan alquilándose al mejor postor.

El congresista Mauricio Mulder del Apra presenta una propuesta interesante, pero veámosla en su total dimensión, es simple: Si un candidato quiere postular a la presidencia, debe tener un mínimo de tres años como afiliado en un partido y haber participado en elecciones municipales y un año de inscripción, cuando sean elecciones regionales. De hecho, es una propuesta inteligente, es necesario que los partidos tengan vida partidaria, formación y renovación de cuadros, experiencia política y participación en la sociedad a la que representan.

Es decir, que haya partidos políticos de verdad y no tiendas improvisadas al aroma del dinero.

Pero veamos, si esta la ley se aprueba en el 2018 los partidos que queden inscritos, no podrían presentar candidatos a las elecciones regionales ese año, ya que la ley exige un mínimo de inscripción de 1 año y las elecciones son en Octubre y si esta retrasa su aprobación su entrada en vigencia sería el 2019 lo que imposibilitaría a algún nuevo partido participar en las elecciones generales del 2021 por la exigencia de los tres años mínimos precedentes.

Lo que demuestra que si bien la ley es idónea, el manejo de los requisitos favorece al partido aprista y a otros que se han vuelto anacrónicos pese a ser de trayectoria. ¿Favorece a alguien esta ley de ser aprobada? Sí y no necesariamente a la democracia, favorece a Alan García, atornillado candidato presidencial del Apra, recordemos que la valla electoral del 2016 se fijó en 5% y este obtuvo 5.5% de la preferencia, de haberse fijado en 7% el Apra sería hoy un recuerdo.

Si bien, el Apra quiere institucionalidad en los partidos vale la aclaración, que obstruyó todo lo que pudo al primer belaundismo hasta parir al esperpento velasquista, que destrozó la institucionalidad que tanto se esforzó por ningunear. El Apra hoy es aquello que Mulder pretende combatir, una máquina electoral, un teatro ambulante cuyo único y eterno actor es García y que solo encandila a los tontos asegurando ser el mal menor.

La ley no debe servir como antro de extorsión a nuevos actores, sino para proteger a y a nuestras instituciones de toda clase de bandoleros, nadie se creerá que al Apra le importa la institucionalidad y menos cuando las encuestas pulverizan a García calificándolo como el político más corrupto del país.

Por Richard O. Campos V., analista político

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