blog | 4 abril, 2017

Falta una ley de transparencia del BCR

ILE

Una de las herencias que dejó el autogolpe de Fujimori fue independizar el Banco Central del Poder Ejecutivo. En ese entonces, el Ministro de Economía Carlos Boloña convenció al Presidente Fujimori aprobar Ley Orgánica del Banco Central de Reserva en 1992.

En el artículo 1 se señaló que esta entidad es persona jurídica “con autonomía en el marco de esta Ley”. Doce meses después, se le daría rango constitucional.

Sin embargo, esa autonomía ha ido muy lejos. Ni la Contraloría ni la Superintendencia de Banca y Seguros tienen la facultad de auditar las decisiones del Directorio del BCR.

Todos los que hemos sufrido la hiperinflación de 2.1 millones por ciento durante el primer gobierno de Alan García (1985-1990), tenemos fundados temores como para exigir que este monopolio estatal formule y ejecute una política monetaria de libre mercado.

Siendo el BCR una entidad creada para preservar la estabilidad monetaria e informar de las finanzas públicas, la inflación de 1.3% del mes de marzo y las declaraciones de su director Elmer Cuba, quien manifestó que la proyección del PBI elaborado por el BCR para el 2017 estaría sobre estimada, son hechos preocupantes que llaman la atención de una entidad que debe brindar confianza.

Los antecedentes del BCR a lo largo de su historia ofrecen un fundado escepticismo. Si medimos su desempeño desde su creación en 1922 hasta diciembre de 2016, en 94 años de vida ha acumulado 2.38 billones por ciento de inflación.

Para tener una idea si esto es regular, la Reserva Federal de EEUU en sus 103 años de existencia apenas ha sobrepasado el 100% de inflación.

En el 2009 tuvieron que aprobar en EEUU una Ley de Transparencia de la FED a insistencia del senador Ron Paul para auditar las decisiones de su Directorio.

Las notas informativas que publica el BCR después de tomar las decisiones en política monetaria no tienen el sustento de cómo llegaron a esas decisiones.

El artículo 28 de su Reglamento de Organización y Funciones no manda en ninguna de sus 13 funciones auditar las decisiones del Directorio de esta entidad.

Ante la falta de transparencia: ¿cómo sabemos los ciudadanos si el Directorio del BCR ha aplicado correctamente la política de su sector tal como exige la Contraloría General de la República a las demás entidades del estado?.

Aprobar una ley de transparencia para auditar al BCR resolvería esta interrogante.

 

Por José Luis Tapia, Director Ejecutivo del ILE, economista y profesor de Facultad de Negocios.

Entradas Recientes