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30 abril, 2003

La tesis de subsidiaridad podría abrir la puerta ancha al intervencionismo estatal [FOTOS]

Lima, Perú, 30 de abril de 2003.- Casi todos los defensores de la libre empresa esgrimen el principio de la subsidiariedad del Estado -consagrado en la Constitución vigente-, como si se tratase de una firme línea de defensa contra el intervencionismo estatal, un muro de contención frente al dirigismo. Conforme a un reciente estudio del Instituto de Libre Empresa (ILE), esto no es tan así.

Hay otro principio mucho más sólido y más apto para defender la libre empresa, la propiedad privada y los mercados abiertos a la competencia: el de la separación de las esferas pública y privadas. Este sí que no deja resquicio alguno al estatismo.

“En el Perú y América latina, las políticas de libre mercado no han hallado una firme línea de defensa intelectual. Casi todos sus partidarios se aferran a la tesis de la subsidiariedad, que es una defensa muy pobre y fácilmente perforable.” Quien lo afirma es José Luis Tapia Rocha, economista y Presidente del Instituto de Libre Empresa (ILE).

“La doctrina de la subsidiariedad pone al Estado a hacer todo lo que el mercado no puede hacer”, explica Tapia Rocha. “Pero es lamentable que este criterio no se aplique a las funciones del Estado, sino a las empresas productivas y a la producción de bienes y servicios. Así, si de la iniciativa privada no surge un gran supermercado en cada pueblito pueriano, aún de 2 mil habitantes, el Estado debería ponerlo. O debería necesariamente construir un aeropuerto o una carretera. O asimismo -siguiendo esta errónea línea de razonamiento-, debería construir el Estado una base espacial, una fábrica de misiles o una planta enderezadora de plátanos, puesto que del libre juego de los mercados no se materializan estas iniciativas.”

De hecho, así es históricamente como el Estado ha incursionado en agricultura, minería, pesca, industria, banca y finanzas, educación, ciencia y tecnología, medicina, bellas artes, etc., etc. … pretendiendo suplir al mercado.

Sin embargo, la pregunta es ¿por qué no se materializan todas las iniciativas a través de los mercados …?

La respuesta del estudio es “porque la sociedad tiene otras necesidades, otras prioridades, y por ende prefiere asignar a esos otros usos y aplicaciones los costosos recursos disponibles. Y mal haría el Estado en contrariar las prioridades establecidas por las sociedad de modo espontáneo a través de los mercados. Más que escasos, los recursos son costosos. Tienen un costo de oportunidad, es decir: usos excluyentes. Quiere decir que cuando son afectados a un uso determinado, ya no quedan disponibles para otros usos alternos.” Así afirma el estudio del ILE.

“Lamentablemente, la doctrina de la subsidiariedad se ha tomado como pretexto para toda suerte de intervencionismos estatales en el Perú, y en América latina. Y ello porque es intelectualmente muy débil. No establece una separación rigurosa entre las funciones del Estado y de los mercados.” Quien esto afirma es Alberto Mansueti, abogado, politólogo y Director Académico del Instituto de Libre Empresa (ILE).

De acuerdo al estudio del ILE, lo único que la sociedad no puede hacer por sí misma a través de los mercados, y requiere del Estado, es el cumplimiento de las tres funciones propias y naturales del Estado:

1) Represiva. Esto es: seguridad interna y externa; o sea: lucha contra la delincuencia y defensa nacional. La representación exterior -diplomática y consular- es una función anexa a esta.

2) Judicial. Es decir: encausamiento de los delitos y resolución de conflictos y pleitos.

3) de Obras Públicas. Pero el concepto debe reducirse más que nada a las carreteras, caminos e infraestructura de comunicaciones.

Según Tapia Rocha y Mansueti, los directivos del Instituto de Libre Empresa (ILE), estos son los “negocios públicos”. Que deben mantenerse rigurosamente separados de los “negocios privados”, sean asuntos familiares, económicos y financieros, de culto, de pensamiento, educativos o de salud. El Estado podría apoyar eventualmente a los más pobres mediante la financiación de sus servicios médicos, educativos y previsionales, pero no a través de la prestación directa sino de cupones (vouchers) a los beneficiarios, que podrían así asistir a instituciones privadas, competetitivas y por lo tanto eficientes.

Servicios públicos como agua, luz, gas, y teléfonos, se prestan mucho más eficientemente por empresas privadas en competencia. Pero es imprescindible la reforma judicial. Está comprobado que los entes reguladores dependientes del Ejecutivo no pueden reemplazar eficazmente a los jueces, si estos son imparciales, honestos y capaces de ofrecer una justicia decente, accesible, rápida y no tan costosa.

Si un usuario o consumidor se considera tratado con injusticia, debería poder recurrir a los estrados tribunalicios. No a una agencia ejecutiva

En definitiva, se trata de redefinir las funciones respectivas del Estado y el sector privado. Según el estudio del ILE, “es de la mayor importancia, sobre todo ahora que se está tratando acerca de una reforma constitucional”.

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