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29 abril, 2003

Las privatizaciones con accionariado difundido difieren de las monopolistas [FOTOS]

Lima, Perú, 29 de abril de 2003.- Conforme a un reciente estudio del Instituto de Libre Empresa (ILE), la gente se opone a la privatización de empresas estatales porque dicen que un monopolio privado causa más daño a los presupuestos que un monopolio público.

Un empresario privado persigue el lucro, y puede dejar sin agua u otro servicio al usuario que no puede pagar. Por eso la gente se opone. Y podría tener razón si no hubiera otra alternativa, pero la privatización puede hacerse de una manera distinta y mejor a la convencional, derogando las leyes que impiden la competencia de más operadores, y difundiendo acciones entre el grueso del público.

Las privatizaciones en Perú y América latina hasta ahora han sido fiscalistas y/o monopolistas: transforman el monopolio estatal en uno privado, sin dejar de ser monopolio. ¿Para qué fin? Para cobrar así un precio muy alto al adquirente, y allegar así más recursos a las arcas fiscales. Por otro lado, la población se halla muy empobrecida con altos impuestos, y privada de crear más riqueza por regulaciones caprichosas y entrabantes. Por su pobreza no puede pagar tarifas realistas y remuneratorias por los servicios; y mucho menos tarifas monopolistas. Quien lo afirma es José Luis Tapia Rocha, economista y Presidente del Instituto de Libre Empresa (ILE).

¿Qué ha pasado muchas veces? Que una empresa privada se endeuda con un banco para pagar ese alto precio, y luego impone a los usuarios unas elevadas tarifas. Por su parte, los usuarios no tienen más remedio que pagar o prescindir del servicio, porque en un monopolio no hay alternativa. Y no es que sea “natural”: no hay ningún monopolio natural. En Europa Oriental se han privatizado empresas sin privilegios monopolísticos, y además con distribución de acciones en el público. La fórmula se llama “accionariado difundido”, explica Tapia Rocha.

Las privatizaciones en el Perú no han tenido precisamente ese carácter popular con beneficio directo a la ciudadanía. Pero la privatización puede tener acogida popular si se apela al egoísmo natural de las personas, es decir, si ellas reciben a cambio un beneficio directo. Como por ej. en Checoslovaquia. Al distribuir masivamente el capital a través de un accionariado difundido a escala nacional, el proceso de privatización tendría apoyo popular. Y sin monopolios no habría altas tarifas. Así afirma el estudio del ILE

“El capitalismo popular enfatiza la distribución masiva de los beneficios de la propiedad privada entre la ciudadanía.¿Quién se va oponer a esta forma de privatización? Los estatistas, pero por razones estrictamente ideológicas”, sostiene Tapia Rocha. “Y para que las privatizaciones sean efectivas, deben acompañarse de otras reformas llamadas ‘estructurales’”. Quien esto afirma es Alberto Mansueti, abogado, politólogo y Director Académico del Instituto de Libre Empresa (ILE). ¿Cuáles son estas reformas? Según el estudio del ILE:

1) El Congreso debe derogar todo ley que impida el libre acceso de la iniciativa privada a los mercados: el libre juego de la oferta y la demanda. Esto se llama “desregulación”. Así puede haber varias empresas en competencia ofreciendo cada servicio.

2) El Estado debe concentrarse exclusivamente en sus funciones propias: represiva, judicial y de contratación de obras públicas. Debe abandonar toda pretensión de arrogarse funciones en materias como economía y finanzas, educación, medicina, cultura, ciencia, deporte, etc. Sólo de este modo puede reducirse el gasto público, y por ende los impuestos y el endeudamiento fiscal. Así el poder adquisitivo de la gente podrá aumentar, y pagarse tarifas realistas y remuneratorias por los servicios públicos.

En cambio, ¿qué ha sucedido hasta ahora? El estudio señala que las empresas privatizadas se han vendido sobre precios-base, y no al precio de la libre oferta y demanda, tipo remate al mejor postor. Y con regulaciones rígidas y caprichosas que han impedido la entrada de más competidores durante y después del proceso de privatización. Esto es monopolio. Como el Gobierno solicita altas sumas de dinero por la empresa, la ganadora adquiere un mercado cerrado a la competencia, que explota hasta recuperar sus inversiones, mediante alzas continuas de tarifas, a veces justificadas, a veces no. Los montos recaudados pasan directamente a las arcas fiscales del Gobierno de turno, con la historia ya conocida de desapariciones de los fondos de privatización en actos de corrupción, desprestigiando así todo el proceso.

Añade el estudio que esta forma diferente de privatizar tendrá un soporte moral en la ciudadanía, pues cada peruano tendrá realmente un derecho a la propiedad privada y a sus beneficios, con una acción de Sedapal por ejemplo. Defenderá la privatización de esta empresa, y también de Petroperú, Tans, Editora Perú, Banco de la Nación, Cofide, Enapu, Banco de Materiales, Serpost, Corpac, y otros remanentes del estatismo. Así serán estas empresas realmente “públicas” y no meramente “estatales”. Según Tapia Rocha y Mansueti, los directivos del Instituto de Libre Empresa (ILE), “privatizar en el Perú es fácil: basta con derogar adicionalmente las leyes malas. Marcaríamos rumbo y ejemplo en América latina y el mundo.”

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