blog | 9 diciembre, 2001

Mercado libre para las telecomunicaciones

ILE

Por muchos años, el espacio electromagnético ha sido tratado como un recurso natural socializado, cercenando nuestro derecho de uso a través del otorgamiento de licencias. Como el espacio electromagnético está regulado por la burocracia estatal, siempre hay el peligro de politizar su administración, como está ocurriendo con las empresas televisivas en el Perú. ¿Por qué no ir hacia un sistema alternativo donde prevalezcan los principios del mercado libre, los derechos de propiedad y la libertad de contrato?

Como todos sabemos, el actual debate parece haberse centrado en el sistema de licencias que hace funcionar el negocio televisivo. Debido a su poca flexibilidad, el mercado de señal abierta se encuentra repartida desde hace muchos años entre 6 empresas privadas nacionales. Se pueden dar el lujo de dejar de percibir ingresos por un lado y obtenerlo por el otro. Por ejemplo, el Estado peruano fue su mayor anunciante entre 1998 y 2000 obteniendo ingresos millonarios por decisión política, y hasta delicuencial, y por el otro, dejó de percibir ingresos de anunciantes privados, entre ellos, de los partidos políticos.

Este mercado cautivo creado por el Estado desincentiva cualquier inversión extranjera. Una solución sensata es la flexibilización del régimen de asignación de los derechos de uso del espacio electromagnético a través de un proceso competitivo y permanente de subastas. Con ello se consigue aplicar los principios del mercado libre al actual sistema estatal de otorgamiento de licencias de los servicios de radiodifusión. ¿Acaso no es posible contar con inversiones extranjeras de las compañias que manejan CNN, Univisión, Televisa, TV Azteca, Telemundo, y de otras empresas en el Perú? ¿Se puede creer que empresas como la cadena internacional CNN venderán su prestigio a un gobernante peruano de turno? ¿Por qué tienen que ser los Schultzs, los Delgados Parkers, los Ivchers, y los Belmonts, los únicos quienes tengan el privilegio de hacer televisión y no otros empresarios peruanos y extranjeros?. Es urgente abrir el mercado para poner fin a esta injusticia.

Una de las causas de este mercado “rehén” es el actual marco regulatorio de las telecomunicaciones, que se caracteriza por una excepción significativa, como es el caso de la radiodifusión, para impedir que empresarios extranjeros sean propietarios del 100% de las acciones, mientras que los demás servicios de telecomunicaciones gozan del trato igual al capital nacional y extranjero. Sin embargo, la situación es apremiante para los nuevos empresarios broadcasters. Los servicios de radiodifusión privados requieren de una autorización, un permiso y una licencia que están ahora en manos de la autoridad política. El acceso a varios mercados está limitado por ley, ya que no permite a las personas obtener más de una autorización de radiodifusión, o acciones, en más de una empresa de radiodifusión por localidad. En tal sentido se hace necesario examinar con detenimiento la realidad y el futuro de este mercado e introducir mejoras al proyecto de ley de telecomunicaciones prepublicado por el Ejecutivo y al Decreto Legislativo No.702. Por ejemplo, extraigamos los principios que las comunicaciones por internet, que para bien no tiene legislación gubernamental alguna sino protocolos privados.

Una subasta competitiva de los derechos de uso del espacio electromagnético promoverá una estructura eficiente del mercado de radio y televisión, un manejo transparente de la cosa pública, rentabilidad del negocio televisivo y un acceso a nuevos competidores. Sin embargo, para no poner en riesgo en el futuro la propiedad privada de las empresas de radiodifusión, las inversiones nacionales y extranjeras y la seguridad jurídica, es necesario que el nuevo marco regulatorio tenga al menos los siguientes principios: a) permitir el uso flexible e innovativo del espacio electromagnético; b) Ir hacia un régimen de subastas competitivas de derecho de uso; c) poner fin a las restricciones a la propiedad extranjera; d) identificar y aplicar los principios de los protocolos privados en el mercado de internet; y e) expulsar toda intromisión del estado en la administración de los derechos de uso.

De este modo, millones de consumidores se beneficiarán con una mayor competencia en calidad, cantidad y variedad de programas de radio y televisión. Además, se acabará con la corrupción desde el Estado pues el marco institucional propuesto le quita el monopolio en el otorgamiento de las licencias. Y finalmente, se hará un acto de justicia con los nuevos empresarios nacionales y extranjeros que desean invertir en el mercado de las telecomunicaciones.

Por Jose Luis Tapia, Director de ILE.

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