blog | 28 enero, 2003

Ni subsidiaridad ni intervencionismo en la Constitución

ILE

Ni la rentabilidad justifica crear empresas públicas sobre todo en paises como el nuestro. Algunos congresistas ignoran que la mano de obra es escasa, que los créditos son escasos, que los empresarios son escasos, y asi todo los recursos que le sirve al hombre para alimentarse, educarse y vivir en este mundo son escasos. Eso es economía, de lo contrario tendríamos planificación al estilo soviético. Pero, ¿qué dicen los congresistas partidarios del rol subsisdiario del estado?. No importa. Autoricemos al estado vía constitucional para que utilice los recursos escasos en actividades empresariales donde la lógica económica ordena que no debemos hacerlo. Este tipo de justificaciones no hace otra cosa que tenderle una alfombra roja a todo intervencionismo estatal.

La subsidiaridad es un principio político que desencaja grotescamente en el régimen económico de la constitución. Los politicos se apoyan en este principio para llegar a cualquier costo allí donde la iniciativa privada descubrió que tal actividad no es rentable. Pero la economía enseña que la rentabilidad indica que la oferta ha coincidido perfectamente con las preferencias de la gente, y le deja recursos para seguir operando. Si la Actividad Empresarial del Estado (AE) opera sin considerar este indicador, estará emitiendo una luz roja para informar la posibilidad de quiebra. A la larga habrá necesidad de financiar pérdidas aumentando los actuales impuestos o seguir el camino fácil del endeudamiento externo.¿Puede ser justo mal utilizar valiosos recursos por que lo dicen los congresistas?. La historia económica demuestra que cuando la política entra en la economía arruina todo el proceso de coordinación social para crear riqueza. Un ejemplo son los 25,000 millones de dolares que perdió el Perú por empresas públicas quebradas a valores presentes durante el período de 1968-1998. Con esta suma, el sector privado pudo haber cerrado la brecha social con más servicios en educación, alimentación y salud.

Como la subsidiaridad es un argumento atractivo para la mayoría, pocos son los que condenan la competencia desleal que le hace el estado al sector privado.¿Cómo puede ser moralmente admisible que los impuestos pagados por el sector privado sean utilizados en su contra?. Nos imaginamos miles de iniciativas privadas abortadas por causa de las actividades ejecutadas por la Fuerza Aérea con Tans, la Marina con el Sima, el Ejército con su imprenta, Petroperú con sus grifos, Promudeh con su Foncodes, el Ministerio de Educación con sus escuelas, el Ministerio de Salud con sus hospitales, etc. No les falta razón a aquellos que se preguntan: ¿quién nos protege de la competencia desleal del estado?

Pero la AE no se limita a esta injusta competencia que pocos empresarios se atreven a denunciar. Existen otras inmoralidades insospechadas generadas por la AE. Por ejemplo, empresas públicas como Sima, Tans, Sedapal, Banco de la Nación, Cofide, Enapu, Banco de Materiales, Serpost, Corpac, y Petroperú no pueden operar sin que el estado confisque previamente riqueza del sector privado. Esta riqueza son pequeñas propiedades privadas creada y diseminadas por individuos en el mercado, que luego son arrebatadas por el estado mediante impuestos para financiar, entre otras, a la AE. Adicionalmente, la riqueza arrebatada (que en sentido ético es un robo legalizado) se distribuye a otros individuos transformada en educación, salud, justicia y alimentación que produce la AE, lucrando así sobre la riqueza robada. Para cualquier defensor del libre mercado no le cabe duda que la intervención del estado es inmoral.

Podrán algunos congresistas argumentar que como el sector privado lucrativo no llega a la población más necesitada, es justificable que el estado atienda a esas personas. Es cierto, ningun negocio puede sobrevivir sin rentabilidad. No obstante, esta legítima preocupación no se resuelve por métodos económicos ya conocidos (una de ellas es la actividad empresarial) sino por métodos filantrópicos que tienen más que ver con la buena voluntad de las personas en querer ayudar a sus semejantes, como efectivamente viene sucediendo a través del trabajo de entidades como la Iglesia, Rotarios, Clubes de Leones, Ongs, Scouts, organizaciones juveniles, y otras instituciones sociales que obtienen recursos legitimamente del sector privado usando métodos persuasivos y civilizados.

Gracias a unos informes de Indecopi se ha determinado que el estado compite deslealmente con los negocios privados. Pero nada dice del componente moral de tal actividad económica. Pero al menos, es un respaldo técnico que abona en favor de quienes creemos que el estado no tiene ni justificación moral ni económica para ser empresario. Aunque es cierto, que mientras no se deroge el Régimen Económico de la Constitución surgirá el desenfreno de algunos estatistas por querer resolver preocupaciones sociales con métodos que le corresponde exclusivamente a la sociedad civil, y en especial, a la empresa privada.©

Por José Luis Tapia, Presidente del Instituto de Libre Empresa (ILE)

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