blog | 15 febrero, 2017

No es asunto del Estado hacer negocios con la APP

ILE

Que la brecha de infraestructura haya llegado a los USD159.4 mil millones para el periodo de 2016-2025, revela que el Estado ha estado metido en otros asuntos menos en lo importante.

Algunos impetuosos han desatado su ira en redes por el riesgo que se paralice el mecanismo de la Asociación Público Privada (APP).

Dicen que ya habría invertido USD 30 mil millones en obras y habría otros miles de millones de dólares más que no vendrían si hacemos caso a la izquierda.

A como de lugar se pretende presionar al gobierno para que se siga con este mecanismo de inversión privada sin antes reflexionar cómo se puede evitar la corrupción.

ProInversión señala que este mecanismo tiene dos modalidades: por iniciativa estatal o privada. Y puede ser financiada 100% por inversión privada o cofinanciada con el estado.

Una iniciativa privada cofinanciada con fondos públicos es un mecanismo impropio de la labor esencial de un gobierno.

Decidir un porcentaje con la empresa interesada no caerá en criterios económicos sino políticos.

Y políticos metidos con empresarios hablando y negociando millones de dólares ya sabemos en que termina.

Por lo pronto, es urgente regresar al funcionamiento original como fue hace bastantes décadas: que el gobierno financie el 100% de las obras públicas de iniciativa estatal.

Que la iniciativa privada arriesgue su capital y financie el 100% con sus inversiones en la modalidad de auto sostenible, eliminando el cofinanciamiento estatal que es por donde se cuela la corrupción.

Dicen que el cofinanciamiento es saludable porque al gobierno no le alcanza el dinero, y que por ello se justifica este mecanismo.

El problema de financiamiento es porque un gobierno estatista se dedica a muchas cosas y ninguna las sabe hacer con excelencia. Inflan costos, corren sobornos y malogra la institucionalidad de paso.

Más bien, cuando el gobierno deje de realizar muchas actividades y se concentre en invertir en justicia, seguridad y obras públicas le alcanzara de sobra el presupuesto.

Un gobierno de libre empresa tendrá suficiente presupuesto para cubrir esa brecha en ese periodo de tiempo.

Cuando la izquierda quiera atacar ese mecanismo de la APP, que sea clara y diga si se refiere al mecanismo de auto sostenible o al cofinanciado.

Si fuera la última, estaríamos de acuerdo con anular ese financiamiento.

El gobierno no sirve para hacer negocios con las empresas en las APP. Que decida cuánto porcentaje pone uno y el otro, no va obedecer a criterios económicos sino políticos.

Los criterios estatales no serán a favor del público sino del privado. Esto ya está validado por los hechos y por los estudios de los investigadores de la Escuela de Elección Publica de la George Mason University.

Y evidencia hay de sobra: fíjate como Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Graña Montero, ICCSA, y Cosapi han sabido cómo ganar con contrato en mano al gobierno.

Esa coacción legal que tienen estas empresas tramposas contra el gobierno para denunciarlo ante el CIADI por incumplimiento de contrato o que se paralizarían gran parte de las obras públicas si se vuelven a licitar con nuevos postores, demuestra que el gobierno es un negociante perdedor, que no sabe nada de hacer negocios, y encima sobornan a los negociadores.

Entonces debemos calmarnos. No dejarnos presionar ni por la izquierda ni por los propulsores ortodoxos de las APP.

Es mucho más prudente revertir esta situación de corrupción regresando al gobierno a su tradicional funcionamiento de libre empresa: justicia, seguridad y obras pública.

O ampliar los alcances de Obras por Impuestos que me parecen es mucho más transparente este sistema que una APP.

Para aprender más del rol de la APP en un sistema de libre empresa te ofrecemos el seminario de reducción del tamaño del estado.

Por José Luis Tapia Rocha, Director Ejecutivo de ILE, economista y profesor de Facultad de Negocios.

Entradas Recientes