blog | 29 marzo, 2017

No pierdan de vista a la publicidad estatal

ILE

Las congresistas Letona y Aramayo se equivocaron de objeto en su proyecto de Ley que protege las libertades y derechos informativos de la población. Su gran omisión fue el no haber considerado una reforma de los alcances de la Ley 28874 que regula la publicidad estatal.

Para tener una idea de su magnitud, los dos ministerios con mayor presupuesto público, Educación y Salud, gastaron ambos S/36.7 millones en el 2016.

Si las congresistas hubiesen tenido en consideración esta realidad lo más lógico y efectivo era limitar el gasto en publicidad estatal y no penalizar a los dueños de los medios de comunicación por actos de corrupción. No hay mejor prueba del poder que tiene un gobierno sobre estos medios que los famosos “vladivideos”. Allí se aprecia cómo el ex asesor presidencial Montesinos compró con varios millones de soles las líneas editoriales a los dueños de algunos medios durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori.

La preocupación de las congresistas es legítima. Pero cautelar la libertad de expresión y el derecho de información de los ciudadanos no pasan por controlar a quien vende los espacios publicitarios sino a quien los compra. En este caso, hay que limitar efectivamente –y añadiría disminuir- el presupuesto en publicidad estatal.

Un ejemplo reciente del recorte de la libertad de expresión es lo observado con el periodista Phillip Butters. Según Butters el actual gobierno tuvo mucho que ver con la salida intempestiva de la radio local donde trabajaba por ser crítico al gobierno. Tal vez no le falta razón.

Revisando cifras, hemos determinado en el ILE que de acuerdo al Portal de Transparencia Económica del MEF el Estado compró publicidad al dueño de esa radio (Grupo RPP) por un monto de S/225.9 millones entre el 2012 y el 2017. En lo que va de este año, el Estado ha comprado S/1.33 millones en publicidad a esta empresa. No hay mejor socio en los negocios que tener a un cliente satisfecho.

Mi sugerencia para las Congresistas Aramayo y Letona es que no pierdan de vista la importancia de la publicidad estatal en la protección de la libertad de expresión. Considero que su proyecto de ley debe reformar el inciso a) del artículo 1 de la Ley 28874 para limitar drásticamente el gasto de publicidad estatal incluyendo a los medios digitales.

Por Jose Luis Tapia, Director de ILE, economista y profesor de Facultad de Negocios.

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