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10 Marzo, 2017

Plan de impulso económico del MEF traería consecuencias adversas [FOTOS]

Lima 10 de marzo de 2017.- Los S/.6,660 millones de inyección de dinero que realizará el MEF traería un balance negativo en el empleo, inflación en los precios, pérdida del poder adquisitivo de la población, desviación de recursos de sectores rentables a menos rentables, aumento del gasto corriente y una disminución artificial de la tasa de interés.

Inyectar dinero y determinar los sectores ganadores de este estímulo fiscal viola los principios del mercado libre que son propiedad privada, libertad de elegir, y limitación del gobierno.

Según el MEF, serán seis medidas que contribuirán dinamizar la economía, alcanzar un crecimiento del 15% de la inversión pública, aumentar el empleo formal, estimular el boom de la vivienda social y del crédito para las Mypes, acelerar obras por impuestos y estimular la inversión minera.

Lo que ha señalado el Ministro Thorne es que se espera generar 150 mil empleos, 15 mil nuevas viviendas sociales y llegar a un PBI del 4% este año.

Considerando que toda decisión tiene costo de oportunidad, los S/6,660 millones es un monto significativo que se dejará de invertir y consumir en el sector privado. Representa miles de empleos destruidos que deben restarse a los 150 mil del gobierno. Hay que señalar que ese estímulo fiscal no es neto en su ejecución sino que debe deducirse los gastos corrientes que incurre el gobierno para asignarlo a los sectores ganadores. Si el gobierno para ejecutar el presupuesto público del 2017 va incurrir en un gasto corriente del 65% del presupuesto, no hay evidencia contundente que esos S/6,660 millones lleguen a inyectarse completamente en el aparato productivo. Asimismo, hay que deducir un porcentaje significativo a ese monto, por lo que en el balance final la creación de empleos no es lo que asegura el gobierno sino podría ser negativo.

Se puede observar que gran parte del plan de impulso económico es la aplicación de la antigua receta keynesiana de aumentar en el corto plazo la demanda por efecto de una fuerte inyección fiscal, que ha sido muy conocida en los ochentas por la ejecución del plan heterodoxo en el primer gobierno de Alan García.

La experiencia ha señalado que los estímulos fiscales aumentan la demanda por encima de la oferta. Para aquellos que ahorran los impulsa a gastar sin que ese dinero pueda servir para inversión privada. Ese efecto llamado trampa de liquidez es la que crea inflación y pérdida de poder adquisitivo de la población por elevación de los precios de la economía. Se espera que la inflación supere el 3.3% proyectada por el BCRP. Y la tasa de interés disminuya por mayor oferta monetaria.

La primera medida del Plan consiste en inyectar S/5,500 millones a la burocracia estatal de los sectores transporte, comunicaciones, educación, agricultura, interior, trabajo, gobiernos regionales y locales. También fortalecer con S/1,100 millones a la burocracia del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local para que genere 100 mil empleos directos e indirectos para el 2017.

Elegir sectores “ganadores” es considerado una arrogancia fatal por el Premio Nobel de Economía 1974 Friedrich Hayek. El gobierno no tiene la certeza que esos sectores sean los de mayor productividad y valor agregado del mercado libre en el futuro. Es una violación del principio que todos los gobiernos son limitados. Ningún gobierno tiene la posibilidad de realizar planificación económica sin información de mercado relevante para el éxito del plan. La extinta URSS fue un emblemático ejemplo de lo que no debe hacerse en economía.

El supuesto del gobierno es que esa inyección de liquidez monetaria al sistema productivo tendrá efecto en una reducción de la tasa de interés. Eso provocará que la mayoría de las empresas se “animen” a endeudarse y realicen grandes inversiones privadas. Sin embargo, esa suposición es irreal toda vez que los agentes económicos también están mirando el sector externo guiándose de los precios que no suben para aumentar su exportación. A su vez, en el plano interno, ven al gobierno como débil por lo que esa suposición se vería además afectada por los escándalos de corrupción que golpean al gobierno. No podrá haber mayor inversión privada en tanto no arregle los temas políticos que retraen el crecimiento económico.

La segunda medida es subvencionar el aporte del empleador a Essalud para los jóvenes que recién entren a laborar en el mercado formal hasta 3 años.

La lógica económica empleada por el gobierno es equivocada. Las empresas no contratan jóvenes por que el costo de la seguridad social sea baja o cero sino porque el nuevo contratado sea productivo. No es una medida correcta por que el costo de crear un empleo en el Perú fue en el 2008 de S/80,000 según el IV Censo Económico del INEI. Ahora que ha aumentado el costo por inflación no se espera que un empresario contrate a un joven trabajador cuando el beneficio de no pagar Essalud es menor que la inversión que tendrá que incurrir poniéndolo en planilla. No se puede esperar mayores empleos en este sector vulnerable.

La tercera medida es el boom de la vivienda social con intervención en la cadena crediticia para bajar costos, crear fideicomisos para la cuota inicial del 10% y garantizar cartas fianzas, desarrollar proyectos inmobiliarios con cajas y financieras.

Los fideicomisos son pocos transparentes. En la medida no señala la entidad supervisora que estará a cargo y si forma o no parte del presupuesto público. Como en México, que ha proliferado sin mayor control los fideicomisos que pone el Estado, ahora se está exigiendo que el parlamento pueda supervisarlos para darle mayor transparencia. Su función es informar a la opinión pública de los proyectos de los fideicomisarios que han sido seleccionados. Eso ocurre cuando no se tiene proyectos específicos de antemano. Otro aspecto, es que la falta de transparencia de los Comités de Selección al momento de otorgar los fondos por que se asignan usualmente a sus allegados y se escudan en la figura del secreto bancario. Así han tenido problemas en los Fideicomisos Social del Proyecto Alto Chicama, de Sostenibilidad Huarmey, y Aporte Social Proyecto Las Bambas. Que las entidades bancarias privadas en la actualidad no estén enfocándose con sus fideicomisos en garantizar a los segmentos de la población que el gobierno elije, revela riesgos y costos de oportunidad de rentabilidades superiores que el mercado valora.

La cuarta medida es financiar el programa de crédito Mype por S/1,100 millones en activos fijos administrado por Cofide y para crear un fondo sin restricciones que financie cualquier modalidad a las Mypes en 75% para garantías y 25% en líneas de crédito.

Como hemos señalado en la medida anterior, los criterios de otorgamiento de estos fondos no son transparentes. No están bajo supervisión del público. La falta de transparencia conlleva asignar recursos de forma subjetiva y favoreciendo a los allegados del Comité de Selección. Como esos fondos no son propiedad privada de Cofide la elección pública siempre estará sujeta a incentivos perversos que no son económicos. Que las Mypes no estén recibiendo fondos del sector bancario se debe a que tienen baja productividad. Los factores no previstos en el Plan de estímulo económico son la informalidad, el bajo acceso a nuevos mercados, la incapacidad de una eficiente gestión empresarial, altos impuestos, frondosas regulaciones, la no aplicación de las tecnologías de información y sus bajos niveles de asociatividad. Con todos estos problemas estructurales, las Mypes no pueden demostrar que sus proyectos de negocio sean rentables. La principal equivocación del Plan es reducir el problema de las Mypes al financiamiento.

La quinta medida es acelerar obras por impuestos con cartera de proyectos de hasta S/1,500 millones en los rubros de educación, centros de salud, obras de agua y saneamiento.

Nos parece una medida acertada pero limitada. Aunque no hay mayores detalles de la medida se entiende que están enfocadas a las empresas grandes que quieren descontar impuestos por obras públicas notorias para el gobierno y la opinión pública. Pero por qué limitar este mecanismo a empresas grandes cuando hay mucha infraestructura que requiere atención. El principio de libertad de elegir debería ser extensivo a empresas pequeñas y medianas que quieran deducir impuestos por obras. Tenemos así ejemplos de micro obras públicas como veredas, caminos asfaltados, parches de pistas, remodelación de parques, plazas, y bancas, pintado, escarchado, reparación de mobiliario, construcción de lozas deportivas, casetas de seguridad, e instalación de módulos de serenazgo. Estas micro obras que elijan libremente las empresas aumentarán el valor de sus propiedades y el flujo de clientes. Está demostrado que la eficiencia del gasto de las empresas es mayor que la estatal porque son menos complejas hacerlas y fácil controlarlas. Y por último, la identificación de las necesidades de las micro obras públicas es mucha más objetiva que la determinada por ProInversión. Evita el gasto corriente y disminuye la atracción de la corrupción. Ejemplos: Interoceanica, Refineria de Talara, Gaseoducto del Sur, entre las principales.

Y la sexta medida se trata de estimular la inversión privada con nueva cartera de proyectos a través de un fondo de adelanto social para los Gobiernos regionales.

Los fondos administrados por los gobiernos regionales también sufren del defecto de la ausencia de incentivos de la propiedad privada. Como se señaló con los fideicomisos, el Comité de Selección de los proyectos tiene problemas de asignación. Hay incentivos perversos para seleccionar contra todo criterio técnico en favor de proyectos de escaso impacto social. No hay forma de calcular con objetividad lo que una población valora. Todos los individuos al ser diferentes tienen diferentes escalas de valores. Para algunos pueden valorar más un proyecto acuífero, otros serán de infraestructura. Si no hay precios de por medio la asignación de estos proyectos quedaran a discreción del Comité Adjudicador.

En conclusión, la propuesta de impulsar la economía no pasa por realizar estímulos fiscales sino por generar ahorro privado. Se trata más bien de liberalizar todos los mercados factoriales, reducir el tamaño y gasto del estado para fortalecer y dinamizar la economía. También debe considerarse institucionalizar las reglas de juego políticas en su ámbito y replegarlas hacia los sectores de justicia, seguridad y obras públicas. Asimismo, hay que derogar miles de leyes que están interviniendo la economía de forma excesiva y costosa. La coyuntura económica no es de mayor gasto sino de mayor ahorro. La institucionalización del libre mercado y sus principios rectores son claves para el crecimiento a largo plazo.

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