blog | 7 noviembre, 2003

Soluciones a la criminalidad

ILE

Los más horrendos crímenes ocupan ahora las páginas centrales de los periódicos.

No pasa día sin que alguna calamitosa tragedia vista de luto las pantallas de televisión.

Y la criminalidad “menuda” (hurtos, robos, agresiones y riñas, etc.) se hace masiva, y por tanto, común y corriente.

En cada familia peruana al menos una persona ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses; un atraco en el 87 % de los casos.

Y en la misma prensa, sociólogos y antropólogos -y estadísticos y criminalistas- nos brindan mil y una explicaciones al aumento de las tasas de criminalidad, en su mayor parte asociadas con la pobreza reinante, o bien con la disolución de la familia y la pérdida de los valores.

Abundan asimismo los juristas y sus propuestas, relacionadas con reformas en la legislación penal y/o la administración de justicia.

Pero reformas penales y judiciales hubo en casi todos los países de América latina y el mundo en los últimos 25 años; mas no han logrado los resultados deseados: la criminalidad sigue en aumento, y ha desbordado a las fuerzas policiales en ciertos barrios urbanos de las grandes ciudades, que se han convertido en inexpugnables fortalezas del crimen.

Y lo peor: en el último cuarto de siglo, la población penal se ha multiplicado entre 5 y 8 veces en tamaño, dependiendo los países.

Las soluciones pasan por dos vías conjuntamente:

1) Una economía libre y próspera. El desbordamiento criminal es una de las más urgentes razones en favor de la liberalización total de las actividades productivas, incluyendo destributación, desregulación, privatizaciones, y reducción del Estado en funciones, atribuciones, gastos y recursos.

La inactividad forzosa que supone el desempleo, las frustraciones acumuladas por la falta de un horizonte promisorio, el hacinamiento y la conflictividad que la pobreza conlleva, son factores asociados al crimen.

Una economía liberada y pujante, en crecimiento, ofrece tantas más oportunidades para el trabajo diligente y honesto, y su gratificante recompensa, como menos para la actividad delictiva.

En Colombia, la Primera Ministro Beatriz Merino ha hablado nuevamente de reformas liberales en serio; ¡hora es que se decida a ponerlas en práctica!

2) Un cambio en el concepto de la justicia penal. Actualmente, la pena se centra en el victimario, y la víctima queda olvidada.

La idea es que el delincuente se regenere, y se supone que la privación de su libertad es un castigo suficiente a este fin, pero la realidad nos muestra que muy pocas veces se logra.

Este es el concepto de justicia punitiva o vengativa.

Pero hay otro, mucho más interesante, desarrollado por los juristas liberales: el concepto de justicia resarcitoria o compensatoria.

Si el delincuente se reforma y redime, ¡magnífico!, pero ese no es el fin de la pena, sino resarcir a la víctima por el daño producido: restablecerle a la condición anterior si es posible, o en caso contrario brindarle una compensación, pecuniaria en la mayoría de los casos.

A este fin, más que encerrar al criminal, hay que ponerle a trabajar.

En primer lugar, el trabajo que haría el sentenciado podría ser en la cárcel -otro tipo de establecimientos penales, concesionados a empresarios productivos, que pueden ser ex convictos-, pero sólo si hay razones para sospechar “peligrosidad”; es decir, reincidencia probable.

Pero en este caso no se le privaría de su libertad en función del victimario sino de otro tipo de víctimas: las potenciales.

Y el trabajo serviría también para sostener al penado económicamente, en lugar de condenar al contribuyente a hacerlo.

Y en segundo lugar, si en cambio no hay razones para sospechar peligrosidad, la privación de libertad no tendría razón de ser.

Bastaría la pena pecuniaria, y las cárceles estarían mucho más desahogadas por esta vía.

Por último, la descriminalización del consumo y venta de sustancias también se inscribe en esta filosofía de justicia no punitiva.

Sin daños a otros, lo que cada quien usa o consume debería ser materia privada.

Algo más de un tercio de la población penal del mundo está encerrada por conductas no agresivas relacionados con drogas.

Es obvio que esta medida también contribuiría a descongestionar las cárceles.

Por Jose Luis Tapia, Presidente del Instituto de Libre Empresa (ILE)

 

Foto cortesía de Elcomercio.pe

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