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2 Noviembre, 2015

Vigencia de contratos mineros intensificó debate en Congreso paralelo [FOTOS]

ILE presentó viabilidad de la derogación del art.66 de la Constitución

Lima, 2 de noviembre de 2015.-  Ante un nutrido grupo de congresistas reunidos en la Plaza San Martin, se inició el debate público de los derechos fundamentales para plantear alternativas al modelo estatista neoliberal que viene profundizando los gobiernos desde hace cuatro décadas.

Uno de los  derechos fundamentales discutidos fue la devolución de los derechos de propiedad privada de los recursos naturales a sus legítimos dueños. Claudio Zolla, uno de los  promotores del Congreso, informó que el actual Congresista John Reynaga solicitó al Jurado Nacional de Elecciones la documentación para presentar una iniciativa ciudadana para derogar el artículo 66 de la Constitución donde otorga exclusividad de la propiedad de los recursos naturales al Estado.

Uno de los ponentes invitados para exponer la viabilidad de la iniciativa legal fue el presidente de ILE, José Luis Tapia, quien dio a conocer un balance beneficio-costo cualitativo de la privatización del subsuelo y sus recursos naturales.  “Al realizar un balance final utilizando el método de ponderación de factores del Índice de Libertad Económica, arroja que la alternativa de propiedad estatal de los recursos naturales tiene 2.30 puntos sobre 5 mientras la alternativa de privatización de recursos naturales o la derogación del artículo 66 de la Constitución, tiene un puntaje de 2.70 sobre 5. En resumen, la alternativa de privatización genera más beneficios que costos que el régimen actual de la propiedad”, indicó  Tapia al finalizar su presentación.

Así, de acuerdo al estudio que expuso el presidente del Instituto de Libre Empresa “el cuarto costo de la derogación del art.66 es el mantenimiento de los contratos vigentes durante varios años, debido que por el principio del estado de derecho, no se puede unilateralmente desconocer los compromisos firmados por el gobierno, nos guste  o no lo que haya firmado”. Es decir, que los actuales contratos seguirán vigentes hasta su vencimiento, porque de otro modo desconocer la validez  de los contratos llevarían que las empresas afectadas recurran a instancias internacionales para que el gobierno sea sancionado, “con medidas de aislamiento financiero y económico, que traería grandes perjuicios en términos de empleo, bloqueo de las cuentas bancarias y las transferencias de dinero del exterior y la fuerte subida del tipo de cambio”.

Debate
Cabe anotar que varios de los congresistas inscritos pidieron la derogación de la actual constitución por ser lesivos a los intereses del país, mientras que Claudio Zolla señaló que si los contratos que suscribió el estado con las empresas tienen visos de corrupción si se puede renegociar esos términos a favor de las comunidades. Quien más bien tuvo una posición más técnica fue el congresista Eddy Rojas quien señaló que “no se puede así no más expropiar lo invertido, eso trae perjuicios e indemnizaciones a favor de las empresas expropiadas, donde el gobierno tendrá que pagarlo con los miles de millones de dólares que se extrae de nuestro bolsillos”, anotó.

En declaraciones a nuestra redacción, la directora de economía de ILE, Myriam Ortiz, señaló que “los contratos deben cumplirse y debemos esperar hasta que termine su vigencia. Si hay contratos que están por firmarse si aplicaría la derogación del artículo 66 y todos los contratos que vengan por delante deben ser negociados entre la comunidad, propietarios y empresas interesadas en la explotación de los recursos naturales”.

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