blog | 21 abril, 2004

“Compartir” no es competir

ILE

La semana pasada el Ministro de Transportes y Comunicaciones José Ortiz informó que el gobierno no descarta la posibilidad que pueda renegociar el contrato con Telefónica. Si bien esta noticia puede alegrar a muchos usuarios, hay otra iniciativa del Ministro que si nos llama poderosamente la atención. El Poder Ejecutivo ha remitido un proyecto de ley al Congreso obligando a las empresas de su sector a “compartir” su infraestructura tecnológica con sus rivales para promover la competencia. Al parecer, se trataría de una nueva regulación que intenta confiscar los derechos de propiedad de las empresas y además de “socializar” la infraestructura invertida. No me extrañaría que el proyecto del Ejecutivo sea un intento de copiar el Acta de Comunicaciones de 1996 de los EE.UU. Talvez el futuro reglamento sea una copia de la elaborada por la Federal Communications Commission (el Osiptel “gringo”) en agosto de ese año con más de 737 folios y con 3,200 notas de páginas.

En el libro “What’s Yours Is Mine” escrito por Adam Thierer se señala que este nuevo socialismo de infraestructura ya avanzó también con la electricidad, servicios de banda ancha, cable, satelites y hasta software en EE.UU.. Pero hay varios problemas que tendrá que resolver el Gobierno:

Primero: Se esta tomando propiedad privada. Se trata obligar a las empresas privadas a transferir su derecho de gerencia y administración a los funcionarios reguladores, pues esta visión encarga disponer la infraestructura tecnológica para fines competitivos. Pero si este es el propósito debería las empresas afectadas ir preparando su demanda de compensación económica contra la expropiación que en el mediano plazo van a sucumbir ante nuevas regulaciones confiscatorias.

Segundo: El acceso forzado impide la innovación. Está probado que estas empresas y sus modelos de negocios funcionan al ritmo del mercado. Sin embargo, esta nueva regulación considera que el empresario no está para maximizar ganancias sino para subsidiar a sus competidores con sus inversiones en infraestructura. No se puede esperar mucho que los accionistas de las empresas afectadas reinviertan en su propio negocio, por lo que se afectará la innovación y decaería el servicio que ofrecen.

Tercero: El acceso forzado desalienta la competencia empresarial. Esta regulación ignora que los competidores no tendrán el menor incentivo para invertir en nueva infraestructura. Además, “compartir” no significa competir. Si el Gobierno pretende imponer esta premisa para nuestro mercado, entonces también deberían obligar a los restaurantes de comida a compartir sus secretos de cocina con sus competidores. Esto desalentaría una vez más las inversiones y la creación de nuevos productos.

El Ministro Ortiz no reconoce sus contradicciones, pues no se entiende como se quiere promover la competencia mediante una ley si al mismo tiempo el propio Estado cierra el mercado a muchos operadores con contratos monopólicos en telefonía, electricidad, y de radio y televisión.©

 

Por  Jose Luis Tapia, Presidente de Instituto de Libre Empresa.

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