blog | 18 noviembre, 1997

Ecologia y libertad empresarial

ILE

Las normas ambientales, promulgadas en semanas pasadas en el Perú, son una clara amenaza a la libre empresa y a la propiedad privada, instituciones en las que se basaron las reformas económicas de los últimos años.

En una economía de mercado se puede distinguir varias instituciones que hacen dinámico al sistema. Entre ellas sobresalen la competencia, la división del trabajo, la propiedad privada y la función empresarial. Aunque todas ellas son importantes y a la vez dependientes una de otras, la función empresarial es la que descubre nuevos negocios y nuevas maneras de servir a la sociedad, tal como sucede en el campo de la ecología.

En Perú hemos constatado que la libertad de empresa es requisito esencial para aumentar la riqueza y el empleo. Pero necesariamente esta libertad debe funcionar bajo un orden social que garantice los derechos de propiedad.

La nuevas amenazas al sistema son la Ley de Creación del Fondo Nacional del Ambiente, la Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, la Ley de Áreas Naturales Protegidas y la Ley de Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica.

La Ley del Fondo Nacional del Ambiente tiene como objetivo financiar los gastos de gestión ambiental del Estado peruano. Todo indica que los recursos disponibles para proteger el ambiente van a ser insuficientes debido al alto costo de manejar las 40 áreas naturales protegidas en el Perú. Al echar un vistazo a Estados Unidos, observamos que el «Superfondo» para el ambiente se ha quedado pequeño frente a las crecientes demandas de protección ambiental, aumentando de $82,000 millones a $171,000 en 10 años, entre 1985 y 1995, consumiendo el 3% de la riqueza producida por el sector privado, según un informe de Heritage Foundation. Aquí en el Perú prevemos la imposición la imposición de impuestos con fines ecológicos a las empresas y los individuos, aumentando costos y disminuyendo nuestra capacidad de competir con el resto del mundo.

La Ley de Aprovechamiento de los Recursos Naturales, al igual que la Constitución Política del Perú, mantiene que los recursos naturales son patrimonio de la nación. Así interpretada, los recursos naturales que se tenga en cualquier jardín, chacra o huerto no podrían ser utilizados libremente por sus dueños. La aplicación al pie de la letra de dicha ley significaría que los ecosistemas y los recursos que ellos generen no son propiedad exclusiva de sus dueños, quienes tendrían que solicitar autorización a una entidad gubernamental para utilizarlos.

Pero la agresión a la propiedad privada no termina allí. Habrá que considerar lo que dice la Ley de Areas Naturales protegidas en su cuatro artículo: «Cuando se declare Area Natural Protegida que incluya propiedad privada, se podrán determinar las restricciones al uso de la propiedad del predio, y en su caso, se establecerán las medidas compensatorias correspondientes». Esto equivale a darle al burócrata un arma para confiscar la propiedad privada y es un incentivo para que cualquier reclamo ecologista por mayores espacios naturales exija a las autoridades que se declare de interés público tierras que son ahora de propiedad privada. Así los activistas del medio ambiente justificarán sus campañas y gastos, a menudo financiados por patrocinadores extranjeros que han hecho fortuna en países donde se respeta la propiedad de los demás.

Por último, la Ley de Diversidad Biológica promueve la participación «justa y equitativa» de los beneficios que se obtengan de la utilización de la diversidad biológica. Esto reaviva una etapa ya superada cuando hasta los años 80 era el gobierno peruano el distribuidor de beneficios a los diferentes grupos de interés. De nuevo, un grupos de personas, en nombre del ambiente, decidirá a quienes se destinarán los beneficios según lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la nueva ley. Y a lo contrario de lo que sucede en el libre mercado, donde se beneficia mas el que mejor sirve al consumidor, aquí se trata de una redistribución según el criterio de quien es políticamente mas poderoso. La conclusión es que el enfoque utilizado para la elaboración de estas leyes presupone que la iniciativa estatal es capaz de solucionar los problemas ambientales y de recursos naturales con cero costos para los peruanos.

La experiencia mundial es exactamente opuesta. Los animales y las plantas que mayor cuidado reciben son las que le pertenecen específicamente a alguien, mientras lo que es de propiedad colectiva suele desaparecer por abandono. En tal sentido, Perú quiere dar vuelta al pasado, cuando lo que necesitamos es una ecología de mercado.

Por José Luis Tapia, Director de ILE. www.josetapia.pe

Entradas Recientes