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El Enfoque Equivocado de la Nueva Ley Universitaria

El Enfoque Equivocado de la Nueva Ley Universitaria

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Por José Luis Tapia Rocha, Economista, Director del Instituto de Libre Empresa, Profesor de Economia Política de la UPC y Presidente del Foro Liberal de América Latina 2022-2023

Lo que hasta ahora he podido advertir de todas las declaraciones del congresista Mora, Presidente de la Comisión de Educación, es que la nueva ley universitaria va impedir que se deteriore la calidad de la enseñanza y la infraestructura brindada a los estudiantes.

Sin embargo, los instrumentos legales con que cuenta son las sanciones y la creación de una Superintendencia estatal que se va encargar que esto no suceda.

Ley

Respecto de la primera, toda ley coacciona al ser humano para su cumplimiento. Las leyes que tenemos coaccionan al máximo, por ello se les acusa de reglamentaristas.

Lograr tener universidades de calidad y con investigación se consigue alentando la libertad y no su amenaza de castigo. Quitando las leyes que coaccionan el quehacer humano en este sector se fomenta la creatividad y competencia.

Incluyo esta propuesta a todo el sector educación, empezando a eliminar las leyes de educación y las relacionadas. Cuando se les acusa a algunas universidades de baja calidad educativa debe pensarse que la oferta es variada, no uniforme, y hay de todo.

Burocracia

Respecto de la segunda, pretender que una burocracia puede hacer algo mejor que el libre mercado para regular la calidad es pasar por alto que se necesita mucha información para administrarla eficientemente. Tanto el ser humano como sus organizaciones, no pueden gestionar eficientemente debido que la información es cambiante e imposible de ser transmitida por la via formal.

La burocracia estatal necesita ser monopólica y concentradora de poderes para hacer funcionar la represión. En cambio, las instituciones universitarias de mercado son dispersas, competitivas, pacificas y liberales en su funcionamiento.

Ya se probó durante décadas la alternativa que el estado regule este sector y ha fracasado. Debemos pensar en otras alternativas que no sean estatales.

Si hay preocupación que algunas universidades estafen al público, los estafados deben acudir a un Juez con medios probatorios para su investigación y posterior sanción si es que hubiese ese delito.

Es pertinente indicar que ese delito no es de mercado, es un tema penal.

Pero regular a todas las universidades uniformemente con una ley represiva, como si todas fuesen estafadoras apriori, es un prejuicio y desconocimiento de los buenos resultados que han traído a la humanidad los emprendimientos humanos.

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