blog | 2 marzo, 2015

La falla de la reforma del transporte público

ILE

La medida de prórroga de las autorizaciones de rutas de la gestión del alcalde  Castañeda Lossio ha desatado una ola de críticas que consideran como un retroceso a la reforma del transporte. Los análisis se han centrado en los aparentes males que producen los transportistas y la congestión de rutas.

Nuevamente, los reflectores están distrayendo la debida atención tratando de encontrar culpables y no enfocarse en el fondo del problema. No es que se está avanzando o retrocediendo la actual reforma del transporte.  Me parece que hay un problema de perspectiva. 

Casi todas las reformas han visto al empresario de transporte como un problema cuando en la realidad es la solución para quienes no tenemos movilidad propia. Lo que desordena este mercado no son ellos sino agentes externos al servicio.

No se está advirtiendo que hay una trilogía del mal (usando la coloquial expresión del ex presidente Toledo) que está causando el caos del transporte público: son las incapacidades regulatorias de la gerencia de transporte de la Municipalidad de Lima, Pro Transporte y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que están saboteando el funcionamiento de este mercado. 

En el Journal of Libertarian Studies (Volume 3, Number 2, 1979), Walter Block señala que la falla del transporte público se debe que las calles y rutas les pertenece al estado y están siendo sobre explotadas por combis y microbuses al no existir precios reales que racionalicen sus usos.

Al no existir estos precios, el transporte público tenderá a ser caótico. Por lo que una regulación estatal siempre fallará cuando controle el mercado y la producción privada de este servicio.  No es solamente una falla en Lima sino en las principales ciudades del mundo.

Lo que se observa aquí es que en la reforma del transporte hay una superposición de competencias. El sistema de mercado de transporte limita la acción empresarial de producción del servicio debido que las facultades legales concedidas al gobierno le permite actuar prácticamente como un gerente de las empresas de transporte.

Le dice al empresario la tarifa a cobrar, las rutas a operar, las frecuencias a cumplir, los tipos de buses a manejar, y a quiénes cobrar pasaje y medio pasaje.

Debe quedar claro que un mercado totalmente privado de transporte funciona bien cuando todo lo anteriormente mencionado es de soberanía empresarial. Pero con el actual sistema de transporte semi estatizado no se le puede pedir al empresario de transportes calidades del servicio que no puede libremente decidir.

Para solucionar este problema hay que empezar a considerar una total privatización y concesión de este mercado; que incluya rutas, licencias, operadores, precios y empresas reguladoras privadas para que racionalicen las calles y descongestione el tráfico.

El estado solo estaría para vigilar el cumplimiento de las metas negociadas en el contrato con las empresas ganadoras. No tiene por qué el estado regular el servicio y decirle a los operadores privados cómo deben producir, en qué rutas, con qué frecuencia, etc. Eso le corresponde a los empresarios.

Lo que interesa aquí es el gobierno se preocupe por el resultado de la calidad del servicio. Los gobiernos no saben ni sabrán nada de este mercado que son operados por privados. Las metas del servicio deben ser negociadas en términos de tiempo que un limeño debe lograr desplazarse en el menor tiempo de un punto a otro de la ciudad de Lima.

El Municipio de Lima sería algo así como un certificador de la calidad del servicio para acreditar la eficiencia en el peor de los casos. Me parece que lo más útil es que se informe al público de los desempeños de las líneas de transportes en términos de tiempos y nada más. Si falla los operadores entonces que otros entren a competir.

Es momento de considerar una solución privada a un problema que debería ser privado pero que se le ha escapado al gobierno por su incapacidad de privatizar completamente este servicio.

Ampliar los parámetros de discusión implica debatir nuevos enfoques a viejos problemas de falla gubernamental.

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