Por José Luis Tapia Rocha, Economista, Director del Instituto de Libre Empresa, Profesor de Economia Política de la UPC y Presidente del Foro Liberal de América Latina 2022-2023
Las intenciones de toda ley suelen ser buenas pero no necesariamente sus resultados son los mismos en la práctica. La Ley General del Ambiente dista mucho de lograr un mejor desarrollo sostenible sino toma en cuenta los siguientes inconvenientes derivados de dos presunciones implícitas; el principio de precaución y los supuestos conflictos entre el ambiente y empresa privada.
Precaución
El principio de precaución dejó de ser el más popular entre los eco terroristas, y ha ingresado -como debía ser- con suma facilidad en los cerebros de nuestros congresistas. Resulta que este principio levanta fundadas sospechas de estar contra el progreso económico al otorgar más poder discrecional al estado. Se pretende que CONAM tenga súper poderes para fiscalizar, controlar y sancionar todas las actividades económicas que “amenacen” el ambiente. En la práctica es un verdadero aparato intervencionista que pone en peligro nuestra libertad y bienestar.
Declaración de Río
Si por primera vez el principio precautorio tomó verdadero cuerpo en la Declaración de Río de 1992, al señalarse que “cuando existen amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de certeza científica total no podrá ser usada como una razón para posponer medidas de costo-beneficio con el fin de evitar la degradación ambiental” no ha aclarado quién va realizar ese análisis costo-beneficio; si la burocracia estatal, o los particulares. Así como nuestra familia nos ha enseñado a tomar precauciones en la vida, nada particularmente serio me dice que los burócratas del Estado lo harán mejor.
En cuanto que la empresa privada esté contra la naturaleza es una media verdad. Lo que se ha podido observar hasta ahora es que esta supuesta enemistad se debe más a una falla del estado que no ha podido ser resuelta por falta de más privatizaciones. Si quieren que las empresas no contaminen y depreden, otorgar derechos de propiedad privada es una solución que muchos políticos ignoran.
La historia enseña repetidamente que más burocracia nos conduce irremediablemente al totalitarismo estatal que los ambientalistas no suelen reconocer por su estrecha perspectiva política. El verdadero enemigo del ambiente es la pobreza que el estado crea con sus leyes intervencionistas.
