Por José Luis Tapia Rocha, Economista, Director del Instituto de Libre Empresa, Profesor de Economia Política de la UPC y Presidente del Foro Liberal de América Latina 2022-2023. Octubre 4, 2005
Suponemos que la flamante Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, ya se habrá enterado del buen número de conflictos que tiene por resolver, entre ellos, el de la minería. Más aún, debe saber que su cargo no solo es para adecentar la política sino para ejercer un papel vital en la defensa del derecho humano a la propiedad privada individual o colectiva.
Fallas del Estado
Según el reporte 18 de la Defensoría a la fecha hay 70 conflictos en el país, de los cuales 27% se mantienen activos y 66% latentes. El escenario muestra que el 22% de los casos tiene que ver con las inversiones mineras, ya sea por que las comunidades se encuentran enfrentadas con las mineras por temas ambientales o por derechos de propiedad. En general, el 41% de los casos se debe a importantes fallas del estado en materia judicial y administrativa que ha ocasionado un verdadero despelote que no tendrá cuando acabar a menos que se desarrolle una investigación seria y profunda sobre la legitimidad de los derechos de propiedad otorgadas a las mineras.
Conacami
Si nos basamos en los antecedentes históricos Conacami tendría razón. Desde que Pizarro fundó en 1542 el Virreynato por Cedula Real del Rey Carlos III, los derechos colectivos de las comunidades se han visto expropiados desde ese entonces. Desde que llegó el estado español expropió los derechos de propiedad de los incas e indios. Como liberal tengo mis dudas sobre la legitimidad de los derechos de propiedad otorgados por el estado desde la fundación del Perú republicano. Si la señorita Merino, siente aprecio por la propiedad privada ajena, no debe soslayar que resolver conflictos de derechos de propiedad privada es mucho más importante desde el punto de vista moral, que defender dudosos derechos constitucionales como la educación gratuita, la cultura y medioambiente.
Si la Defensoría determina que el estado no tuvo legitimidad para otorgar derechos de propiedad a las actuales mineras, estas últimas deberían pagar directamente el justiprecio por la expropiación a cada individuo afectado de la comunidad y quedarse con la propiedad del yacimiento por las inversiones ya realizadas. Es sin duda una gran tarea que tiene por delante la Defensora del Pueblo sobre todo si la perciben como de pensamiento liberal.
