blog | 7 noviembre, 2003

Partido y enteros

ILE

Supongamos que Ud. no es comunista, ¿qué le parece si el Gobierno le quita a Ud. sus impuestos para financiar un partido comunista? Y si Ud. es comunista, ¿qué le parece si con sus impuestos financia un partido anti-comunista?. En cualquier caso es manifiestamente injusto, y por consiguiente inmoral.

Si es injusto e inmoral que el Gobierno nos obligue a los contribuyentes a financiar a los partidos, también lo es que les obligue a las empresas periodísticas a contribuir, de modo igualmente forzoso o coercitivo con franjas electorales. Los medios de comunicación son empresas privadas, tan particulares como nosotros los ciudadanos.

¿No debería ser voluntario el financiamiento a los partidos, como a las iglesias evangélicas, ONGs, obras de beneficencia, clubes y asociaciones, etc.? “Partido” se opone a “entero”; un partido es una parte, una parcialidad, ¿por qué deben financiarse con dineros de todo el público? Es una bofetada a la lógica, algo contrario al buen sentido (para no llamarle “común”).

Examinemos los dos principales argumentos a favor:

En el título IV de la Ley de Partidos Políticos se pretende que el financiamiento estatal supla al menos en alguna medida el financiamiento privado, al que de hecho se le ponen límites cuantitativos de 70 UIT, asumiendo que el segundo está asociado a la corrupción. Aquí hay dos falacias:

a) Los límites son fácilmente vulnerables: basta con dividir las sumas grandes en muchas pequeñas. Pero además, ¿no es ridículo pensar que un partido se va a “contentar” con el financiamiento estatal, y va a renunciar a recibir de ambos, y cuanto más, mejor…?

b) El financiamiento privado no es causa sino efecto de la corrupción. La causa es el estatismo, esa mezcolanza inseparable de lo público con lo privado, que crea tantas oportunidades para el tráfico de influencias. En el estatismo, las “donaciones” privadas a los partidos son una de las tantas formas de pago. El único remedio para la corrupción es el liberalismo: la separación de lo público y lo privado. No habiendo favores que comprar, las donaciones serían honestas.

Se supone que el financiamiento es el precio que los ciudadanos debemos pagar para tener un costoso sistema de controles estatales en la vida de los partidos, dirigido supuestamente a garantizar la democracia interna. Más falacias:

a) ¿Qué seguridad hay de producir esos resultados declarados? ¿acaso el intervencionismo estatal ha evitado que los gremios obreros sean dominados por mafias sindicales que se enquistan en sus conducciones?

b) Los partidos son asociaciones privadas, y deben competir. Como en cualquier mercado, la libre competencia es la mejor garantía contra las arbitrariedades. Si al afiliado a un partido de pronto le disgustan sus prácticas electorales o sesgos ideológicos o lo que sea, puede votar con los pies, ingresando a otro partido existente, o en uno nuevo. Siempre y cuando en el “mercado” de partidos haya libertades suficientes, cosa que precisamente impiden los intervencionismos y controlismos estatistas.

La mejor ley de partidos es la que no existe. Sin leyes, los partidos son sostenidos y controlados por sus afiliados y simpatizantes, la ciudadanía privada, y no por los funcionarios estatales, que -dicho sea de paso- siempre se ligan o relacionan a sus agrupaciones, lo cual no los hace imparciales. Sin leyes, los partidos compiten por el favor (y los fondos) del público. Claro, asumiendo separación de lo público y lo privado, sin ocasiones para negocios turbios.

Las leyes de partidos tienden a “congelar” el cuadro político a favor de los partidos ya establecidos, y en contra de los emergentes. En este sentido impiden los grandes cambios y reformas. Más concreta y menudamente, esta Ley parece ser uno de los frenos que el Establishment le quiere poner a los Humala en su “larga marcha” al poder en el 2006. El otro es un Alan García “modernizado”, presentado como alternativa centrista y sensata al primitivismo. No creo que funcione ni uno ni otro.

Por Jose Luis Tapia, Presidente del Instituto de Libre Empresa (ILE)

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