blog | 9 diciembre, 2005

Reforma del mercado de las telecomunicaciones

ILE

Por muchos años, el espacio electromagnético ha sido tratado como un recurso natural socializado, cercenando nuestro derecho de uso a través del otorgamiento de licencias. Como el espacio electromagnético está regulado por la burocracia estatal, siempre hay el peligro de politizar su administración, como está ocurriendo con las empresas televisivas en el Perú. ¿Por qué no ir hacia un sistema alternativo donde prevalezcan los principios del mercado libre, los derechos de propiedad y la libertad de contrato?

Como todos sabemos, el debate parece haberse centrado en el sistema de licencias que hace funcionar el negocio televisivo. Debido a su poca flexibilidad, el mercado de señal abierta se encuentra repartida desde hace muchos años entre 6 empresas privadas nacionales. Se pueden dar el lujo de dejar de percibir ingresos por un lado y obtenerlo por el otro. Por ejemplo, el Estado peruano fue su mayor anunciante entre 1998 y 2000 obteniendo ingresos millonarios por decisión política, y hasta delincuencial, y por el otro, dejó de percibir ingresos de anunciantes privados, entre ellos, de los partidos políticos.

Este mercado cautivo creado por el Estado desincentiva cualquier inversión extranjera. Una solución sensata es la flexibilización del régimen de asignación de los derechos de uso del espacio electromagnético a través de un proceso competitivo y permanente de subastas. Con ello se consigue aplicar los principios del mercado libre al actual sistema estatal de otorgamiento de licencias de los servicios de radiodifusión. ¿Acaso no es posible contar con inversiones extranjeras de las compañías que manejan CNN, Univisión, Televisa, TV Azteca, Telemundo, y de otras empresas en el Perú? ¿Se puede creer que empresas como la cadena internacional CNN venderán su prestigio a un gobernante peruano de turno? ¿Por qué tienen que ser los Schultzs, los Delgados Parkers, los Ivchers, y los Belmonts, los únicos quienes tengan el privilegio de hacer televisión y no otros empresarios peruanos y extranjeros?. Es urgente abrir el mercado para poner fin a esta injusticia.

Una de las causas de este mercado “rehén” es el actual marco regulatorio de las telecomunicaciones, que se caracteriza por una excepción significativa, como es el caso de la radiodifusión, para impedir que empresarios extranjeros sean propietarios del 100% de las acciones, mientras que los demás servicios de telecomunicaciones gozan del trato igual al capital nacional y extranjero. Sin embargo, la situación es apremiante para los nuevos empresarios broadcasters. Los servicios de radiodifusión privados requieren de una autorización, un permiso y una licencia que están ahora en manos de la autoridad política. El acceso a varios mercados está limitado por ley, ya que no permite a las personas obtener más de una autorización de radiodifusión, o acciones, en más de una empresa de radiodifusión por localidad. En tal sentido se hace necesario examinar con detenimiento la realidad y el futuro de este mercado e introducir mejoras al proyecto de ley de telecomunicaciones prepublicado por el Ejecutivo y al Decreto Legislativo No.702. Por ejemplo, extraigamos los principios que las comunicaciones por internet, que para bien no tiene legislación gubernamental alguna sino protocolos privados.

Una subasta competitiva de los derechos de uso del espacio electromagnético promoverá una estructura eficiente del mercado de radio y televisión, un manejo transparente de la cosa pública, rentabilidad del negocio televisivo y un acceso a nuevos competidores. Sin embargo, para no poner en riesgo en el futuro la propiedad privada de las empresas de radiodifusión, las inversiones nacionales y extranjeras y la seguridad jurídica, es necesario que el nuevo marco regulatorio tenga al menos los siguientes principios: a) permitir el uso flexible e innovativo del espacio electromagnético; b) Ir hacia un régimen de subastas competitivas de derecho de uso; c) poner fin a las restricciones a la propiedad extranjera; d) identificar y aplicar los principios de los protocolos privados en el mercado de internet; y e) expulsar toda intromisión del estado en la administración de los derechos de uso.

La libre competencia en el mercado de telecomunicaciones significa la entrada de empresarios que ofrezcan un bien o un servicio sin obligar a nadie a comprarlos. Es el intercambio voluntario de parte de los consumidores en adquirir la producción que brindan los empresarios. Ellos descubren oportunidades de ganancia en el mercado, invierten su dinero y créanlo o no, nos ruegan para que les compremos. Ellos hacen todo lo posible para centrar nuestra atención con numerosas campañas publicitarias y mejoras tecnológicas con la finalidad de tenernos contentos y seguir comprando lo que ofrecen. Ellos están en nuestras manos. Pero, existe un organismo en nuestro país que está en contra de la libre competencia: el OSIPTEL.

OSIPTEL es producto de la ingeniería estatal en este mercado donde el factor de productividad es una formula matemática de tarifas tope que mide la productividad de todas las líneas atendidas por la Telefónica. No es que disguste la matemática, sino el método técnico que se viene empleando para reducir las tarifas de telefonía. Si el factor de productividad es una herramienta política que tiene bajos las mangas un argumento técnico de parte del regulador para ganar popularidad entre la gente, ¿por qué no se aplica el mismo factor para todos los demás bienes y servicios que, en algunos casos, son más esenciales?. Hasta donde sé, nadie se muere sin tener un teléfono. ¿O es que acaso todos tenemos el derecho de comunicarnos?. Evidentemente no. La necesidad no crea derechos.

La única vía para reducir las tarifas es a través de la competencia. Lo único que ha ocasionado el OSIPTEL con el factor de productividad, es violar la propiedad privada de Telefónica y cortar parte de sus merecidas utilidades. Según esta compañía, son US$ 100 millones que perderán en los próximos tres años por la aplicación de este factor. Esta medida cuesta dinero y causa desempleo. ¿Por qué?. Son US$ 100 millones menos que dispondrá la empresa en inversiones para el desarrollo de nuevos productos que requerirían de más empleados. Son US$ 100 millones que la empresa no destinara a incrementar la oferta del servicio hacia las demás ciudades. ¿Esto nos debe alegrar?.

Habría que evaluar bien el papel de la regulación. Según Nancy Bord y William Laffer: “Una empresa que encara nuevas regulaciones no absorbe generosamente el costo de cumplir con el reglamento; en la medida de lo posible, pasará el costo adicional a sus clientes. Y si el costo no puede ser trasladado, será absorbido por los empleados y los accionistas, a través de la reducción de sueldos, puestos de trabajo y ganancias menores”. Habría que preguntar: ¿Es que telefónica nos ha atendido tan mal que debemos cortar sus utilidades que nosotros le hemos generado?. ¿O es que ya era hora de pagar menos por los recibos?. ¿O los ángeles del OSIPTEL diseñaron tan buen regalo para tenernos más contentos con su labor?.

Telefónica ha obtenido cuantiosas utilidades por que han descubierto un servicio que a la gente le hacia falta desde hace años. Ha invertido cerca de US$ 3,200 millones en los últimos años y se han dado cuenta que no ha sido suficiente debido a que cerca del 90% de la gente no cuenta aún con telefonía fija. Es evidente que deben seguir invirtiendo. Pero no falta un regulador que diga lo contrario y diseñe una herramienta para violar derechos a las utilidades generadas de manera voluntaria.

Otro aspecto del mercado de las telecomunicaciones es la aprobación reciente por el Congreso de una ley que obliga a las empresas del sector a “compartir” su infraestructura tecnológica con sus rivales para promover la competencia. Al parecer, se trataría de una nueva regulación que intenta confiscar los derechos de propiedad de las empresas y además de “socializar” la infraestructura invertida. No me extrañaría que el proyecto del Ejecutivo sea un intento de copiar el Acta de Comunicaciones de 1996 de los EE.UU. Talvez el futuro reglamento sea una copia de la elaborada por la Federal Communications Commission (el Osiptel “gringo”) en agosto de ese año con más de 737 folios y con 3,200 notas de páginas.

En el libro “What’s Yours Is Mine” escrito por Adam Thierer se señala que este nuevo socialismo de infraestructura ya avanzó también con la electricidad, servicios de banda ancha, cable, satélites y hasta software en EE.UU.. Pero hay varios problemas que tendrá que resolver el Gobierno:

Primero: Se esta tomando propiedad privada. Se trata obligar a las empresas privadas a transferir su derecho de gerencia y administración a los funcionarios reguladores, pues esta visión encarga disponer la infraestructura tecnológica para fines competitivos. Pero si este es el propósito debería las empresas afectadas ir preparando su demanda de compensación económica contra la expropiación que en el mediano plazo van a sucumbir ante nuevas regulaciones confiscatorias.

Segundo: El acceso forzado impide la innovación. Está probado que estas empresas y sus modelos de negocios funcionan al ritmo del mercado. Sin embargo, esta nueva regulación considera que el empresario no está para maximizar ganancias sino para subsidiar a sus competidores con sus inversiones en infraestructura. No se puede esperar mucho que los accionistas de las empresas afectadas reinviertan en su propio negocio, por lo que se afectará la innovación y decaería el servicio que ofrecen.

Tercero: El acceso forzado desalienta la competencia empresarial. Esta regulación ignora que los competidores no tendrán el menor incentivo para invertir en nueva infraestructura. Además, “compartir” no significa competir. Si el Gobierno pretende imponer esta premisa para nuestro mercado, entonces también deberían obligar a los restaurantes de comida a compartir sus secretos de cocina con sus competidores. Esto desalentaría una vez más las inversiones y la creación de nuevos productos.

Los políticos no reconocen sus contradicciones, pues no se entiende como se quiere promover la competencia mediante una ley si al mismo tiempo se cierra el mercado a muchos operadores con contratos monopólicos en telefonía, electricidad, y de radio y televisión. La salida es una mayor desregulación del mercado para evitar conflictos de intereses entre el estado y la empresa privada.

Por José Luis Tapia, Director General del Instituto de Libre Empresa.

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