POR JOSE LUIS TAPIA ROCHA, ECONOMISTA, CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA POLÍTICA, DIRECTOR FUNDADOR DEL INSTITUTO DE LIBRE EMPRESA Y AUTOR DE CÓMO VENDER IDEA LIBERAL
La preocupación expresada por el Ministro Arista sobre la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los servicios de streaming es errónea y desenfocada. En lugar de concentrarse únicamente en financiar las políticas generales del Gobierno, debería priorizar el equilibrio financiero de los peruanos. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no está cumpliendo adecuadamente su labor al buscar aumentar la recaudación a través de este impuesto. En vez de eso, debería enfocarse en fiscalizar de manera más efectiva el presupuesto gubernamental para recuperar la considerable pérdida anual de S/21 mil millones debido a la corrupción, según cifras de la Contraloría de la República.
El anuncio de solicitar facultades legislativas al Congreso para aplicar el IGV a los servicios de streaming, conocido como ‘Tasa Netflix’, parece ser una medida desproporcionada. Si bien se espera recaudar alrededor de 1,200 millones de soles al año con esta medida, no aborda eficazmente el verdadero problema económico del país. En lugar de imponer más cargas fiscales a los ciudadanos, el enfoque debería estar en combatir la corrupción y mejorar la gestión de los recursos públicos.
MEF
El MEF debería priorizar la fiscalización del presupuesto gubernamental para asegurarse de que los fondos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente. La corrupción es un problema sistémico que afecta gravemente la economía del país y la calidad de vida de los ciudadanos. Si el MEF dedicara recursos y esfuerzos a combatir la corrupción y mejorar la gestión, se podrían recuperar los fondos perdidos y evitar la necesidad de imponer impuestos adicionales a los contribuyentes.
Es esencial destacar que la corrupción no solo representa una pérdida financiera para el Estado, sino que también socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y debilita el estado de derecho. Por lo tanto, la prioridad del Gobierno debería ser implementar medidas efectivas para erradicar la corrupción y mejorar la transparencia en la gestión pública.
En lugar de buscar formas de aumentar la recaudación a través de nuevos impuestos, el MEF debería centrarse en fortalecer las instituciones encargadas de combatir la corrupción y promover la transparencia en la administración pública. Esto incluye invertir en recursos humanos y tecnológicos para mejorar la capacidad de supervisión y control del Estado sobre el uso de los recursos públicos.
En resumen, la propuesta del MEF de gravar los servicios de streaming con el IGV es una medida desenfocada que no aborda eficazmente los desafíos económicos del país. En lugar de aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos, el Gobierno debería concentrarse en combatir la corrupción y mejorar la gestión de los recursos públicos para garantizar un desarrollo económico de libre mercado.
