por José Luis Tapia Rocha, economista, Director Fundador del ILE, Catedrático de Economía Politica y autor de Cómo Vender Ideas Liberales.
Las organizaciones criminales representan una amenaza grave para la seguridad ciudadana en el Perú, y combatirlas requiere más que simplemente acciones policiales. Si bien la inteligencia policial es crucial para capturar a los cabecillas y desarticular estas bandas, es una medida de corto plazo que no aborda las causas subyacentes del problema. Para lograr una solución efectiva y duradera, es necesario realizar reformas en el sistema judicial, que actualmente enfrenta serias deficiencias y está plagado de corrupción.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, ha planteado considerar a las organizaciones criminales como ‘terroristas’, dada la creciente incidencia de casos de sicariato y delincuencia en el país. Esta propuesta resalta la gravedad de la situación y la necesidad de tomar medidas drásticas para combatir la criminalidad. Arévalo ha señalado la similitud entre los actos de estas organizaciones y el terrorismo, destacando la urgencia de cambiar la tipificación de los delitos para endurecer las medidas contra la delincuencia.
Sin embargo, el presidente del Poder Judicial también reconoce que combatir la delincuencia es responsabilidad de todos los sectores de la sociedad. Es por eso que hace un llamado al Ejecutivo para que brinde un mayor presupuesto a las instituciones encargadas de combatir la criminalidad en el país, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público y el propio Poder Judicial. Además, destaca la importancia de implementar unidades de flagrancia en diferentes provincias para luchar contra la ola de delincuencia que afecta a todo el país.
Reforma Judicial
La propuesta de Arévalo pone de manifiesto la necesidad urgente de realizar reformas en el sistema judicial peruano. Este sistema se enfrenta a graves problemas, como la falta de eficacia en la resolución de casos, la corrupción generalizada y la escasez de recursos. Estas deficiencias dificultan la labor de la policía y el Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia, y perpetúan la impunidad de los criminales.
Para abordar estas deficiencias, se requiere una reforma política de alto nivel que permita derogar las leyes que obstaculizan el funcionamiento del sistema judicial. Esto incluye la eliminación de regulaciones innecesarias y burocráticas que dificultan la labor de las instituciones encargadas de administrar justicia. Además, es necesario fortalecer la independencia del poder judicial y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en su funcionamiento.
El liderazgo del Ejecutivo es fundamental en este proceso de reforma. La Presidente y su equipo Ministerial deben liderar el impulso para derogar las leyes que limitan la eficacia del sistema judicial y garantizar que se asignen los recursos necesarios para su funcionamiento adecuado. Además, es importante que el Congreso priorice estas reformas y trabaje en conjunto con el Ejecutivo para garantizar su implementación exitosa.
En resumen, la propuesta de considerar a las organizaciones criminales como terroristas es un primer paso importante, pero es necesario ir más allá y abordar las deficiencias estructurales del sistema judicial peruano. Esto requerirá un esfuerzo coordinado entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso para lograr una reforma integral que fortalezca el estado de derecho y garantice la seguridad ciudadana en el país.
