Escribe Jose Luis Tapia Rocha, economista, Director Fundador de ILE, Catedratico de Economía Política y Magister en Gestión Estrategica Empresarial
La creciente delincuencia juvenil es una preocupación que resalta las fallas del sistema estatista. Este fenómeno, que debilita los lazos familiares, reduce las oportunidades laborales y facilita el comercio ilegal de drogas, es una clara señal de la necesidad urgente de reformas de corte liberal.
El incremento de la delincuencia juvenil no es simplemente un problema de seguridad pública, sino un síntoma de las deficiencias estructurales en la sociedad, especialmente en lo que respecta al rol del Estado. El estatismo socava la responsabilidad individual y genera un entorno propicio para el surgimiento de la criminalidad entre los jóvenes. También reduce la efectividad de la labor de inteligencia policial para prevenir el delito.
En muchos casos, la falta de oportunidades económicas para los jóvenes los empuja hacia la delincuencia como una alternativa para sobrevivir. El sistema estatal, al imponer barreras burocráticas y regulaciones económicas al mercado laboral, limita las opciones de empleo para los jóvenes, dejándolos sin alternativas viables para generar ingresos de manera legal. Esto los lleva a buscar oportunidades en actividades ilegales, como el robo y el tráfico de drogas, perpetuando así un ciclo de criminalidad.
Además, el sistema educativo estatizado no ofrece una formación adecuada para inculcar valores éticos y ciudadanos en los jóvenes. La falta de calidad educativa contribuye a la desvinculación de los jóvenes con la sociedad y los valores judeo cristianos, aumentando su susceptibilidad a influencias negativas y actividades delictivas.
Control estatal
El control estatal sobre los recursos naturales también juega un papel importante en el aumento de la delincuencia juvenil. La centralización de la propiedad de los recursos por parte del Estado limita las oportunidades económicas en las comunidades locales, lo que puede impulsar a los jóvenes hacia actividades ilegales, como la minería ilegal o la tala clandestina, en busca de ingresos.
La solución a este problema radica en la implementación de políticas que promuevan la libertad individual, la responsabilidad personal y el libre mercado. Es necesario eliminar la intervención estatal en la economía y las barreras que dificultan la creación de empleo y el desarrollo empresarial.
Además, se debe fomentar la competencia privatizando el sistema educativo, permitiendo la participación de instituciones privadas que ofrezcan una educación de calidad y promuevan valores éticos y ciudadanos entre los jóvenes.
Asimismo, es fundamental descentralizar la propiedad de los recursos naturales, permitiendo a las personas, emprendedores, empresarios y comunidades locales gestionar y beneficiarse de sus propios recursos de manera sostenible. Esto no solo proporcionaría oportunidades económicas para los jóvenes, sino que también promovería la conservación del medio ambiente y la responsabilidad en el uso de los recursos.
En resumen, el aumento de la delincuencia juvenil es un síntoma del fracaso del estatismo para proporcionar oportunidades y fomentar valores en la sociedad. Solo a través de reformas de corte liberal que promuevan la libertad individual, la responsabilidad personal, la efectividad preventiva policial y el libre mercado se puede abordar eficazmente este problema y construir una sociedad más segura y próspera para las generaciones futuras.
