El reciente fallo de la Corte IDH responsabilizando al Estado peruano por la contaminación en La Oroya plantea serias interrogantes desde una perspectiva liberal clásica. La intervención del Estado en la gestión de recursos naturales, como lo establece el artículo 66 de la Constitución, ha generado más problemas que soluciones. La falta de propiedad privada sobre estos recursos ha creado un entorno donde no hay incentivos para la protección ambiental ni para la eficiente gestión de los mismos.
El sistema actual, donde el Estado es el único dueño legítimo de los recursos naturales, impide que exista una relación directa entre los individuos y la protección del medio ambiente. Los ciudadanos no tienen responsabilidad individual para defenderse de la contaminación porque no pueden ejercer su propiedad sobre los recursos y, en su lugar, dependen de la intervención estatal. Esto crea un sistema en el que no hay incentivos para la conservación ni para la adopción de prácticas ambientales eficaces.
Gestión estatal
Además, la gestión estatal de los recursos ha demostrado ser ineficiente e ineficaz. La falta de competencia y la burocracia asociada con la propiedad estatal llevan a una mala gestión de los recursos y a una mayor contaminación. Los incentivos políticos y la falta de responsabilidad directa ante los ciudadanos conducen a decisiones basadas en consideraciones políticas en lugar de en la protección del medio ambiente y la salud pública.
La solución a estos problemas radica en la liberalización de la gestión de los recursos naturales mediante la eliminación del articulo 66 de la Constitución. La propiedad privada sobre estos recursos permitiría a los individuos asumir la responsabilidad directa de su conservación y protección. En un mercado libre de recursos naturales, los propietarios tienen un interés personal en mantener la calidad del medio ambiente y gestionar de manera sostenible los recursos para garantizar su valor a largo plazo.
La liberalización también fomentaría la competencia y la innovación en la gestión de recursos. Las empresas y los individuos tendrían incentivos para desarrollar tecnologías y prácticas más limpias y eficientes para maximizar el valor de sus activos. Además, la competencia entre diferentes propietarios de recursos naturales crearía un sistema de supervisión y responsabilidad mutua que garantizaría una gestión más responsable de los recursos.
La experiencia internacional respalda la eficacia de la propiedad privada en la protección del medio ambiente. En países donde se han implementado sistemas de propiedad privada sobre los recursos naturales, se ha observado una mejora en la gestión ambiental y una reducción de la contaminación. La propiedad privada brinda incentivos claros para la conservación y la protección del medio ambiente, ya que los propietarios tienen un interés financiero en mantener la calidad de sus activos.
En resumen, el fallo de la Corte IDH sobre La Oroya destaca los problemas fundamentales asociados con la gestión estatal de los recursos naturales. La liberalización de la gestión de estos recursos y la promoción de la propiedad privada son fundamentales para garantizar una protección ambiental efectiva. Solo a través de un enfoque basado en el mercado y la propiedad privada se pueden abordar de manera adecuada los desafíos ambientales y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.
